En la mañana de este lunes, por orden del Juzgado Federal, Secretaría °2, se procedió a la solicitud de informes a la Municipalidad de San Nicolás, con presencia de Gendarmería, en la sede del municipio local ubicada en Avenida Arturo Illia (zona norte).
Según trascendió, la medida tiene que ver con la causa iniciada en 2019, cuando fue denunciada la gestión municipal, acusada de violar la veda electoral al realizar el primer evento en el Estadio San Nicolás, noche en la que actuó -entre otros- el reconocido cartetero Ulises Bueno.
De acuerdo a informaciones extraoficiales, los funcionarios judiciales fueron recibidos por personal de la Secretaría de Gobierno, a quienes les solicitaron datos del evento, invitaciones y los contratos a artistas, entre otras cosas.
Muchas veces se dice que la justicia actúa con demasiada lentitud. Y en este caso, no deja de llamar poderosamente la atención que se actúe pidiendo informes sobre un hecho ocurrido en el año 2019.
Sin embargo, el Diario nacional Página/12 publicó este lunes una nota en la que se refiere a este allanamiento en el municipio local. La nota da una versión distinta a la difundida en nuestra ciudad, y expresa textualmente lo siguiente:
«Personal del juzgado federal de Rosario, acompañado por efectivos de Gendarmería Nacional, allanó en la mañana del lunes el Palacio Municipal de San Nicolás de los Arroyos, en el marco de la causa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que Ismael Passaglia y sus hijos, Santiago y Manuel, enfrentan desde 2018.
En el marco del operativo se secuestró abundante documentación en papel y discos rígidos. A pesar del estricto secreto de sumario vigente, Buenos Aires/12 supo que el juzgado busca mayor precisión sobre la operatoria de la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) “Descubrí San Nicolás”.
Y agrega la nota más adelante: «Según viene denunciando la oposición hace tiempo, “Descubrí San Nicolás” es la estructura jurídica a través de la cual los Passaglia operan el estadio de fútbol, el autódromo, la terminal de ómnibus y el cementerio, entre otras unidades de negocios, sin ningún tipo de control político ni administrativo».
