El conflicto en la empresa Atanor parece haber ingresado en una nueva etapa, luego de que las autoridades de aplicación y Atanor arribaran a un plan de trabajo consensuado.
Aunque no hubo anuncio oficial al respecto, trascendió que los puntos acordados se enmarcan en el requerimiento de la compañía de retomar actividades productivas en la planta paralizada desde el 20 de marzo pasado, en virtud de una medida cautelar de la Justicia.
En la última audiencia convocada por la jueza Luciana Díaz Bancalari participaron representantes de la empresa, del Ministerio de Ambiente bonaerense, de la Autoridad del Agua y del Conicet, además de FOMEA.
La magistrada también ordenó a un comité de expertos (con participación del Conicet) que presentara este mismo viernes, día de la más reciente audiencia, un “esquema inicial integrador de elementos para la elaboración de una posible solución”. Ese aporte también cimentó el plan de trabajo acordado.
Recordemos que Atanor se encuentra paralizada desde el pasado 20 de marzo, luego de una explosión en un sector de la planta que terminó con un trabajador con quemaduras graves. Posteriormente, en el marco de una causa anterior por contaminación ambiental, la Jueza Luciana Díaz Bancalari dispuso la clausura de la planta industrial hasta tanto se garantice la salud de la población en su conjunto.
Desde entonces la empresa no está desarrollando actividad productiva alguna. Los 150 trabajadores fueron suspendidos, y en la última semana comenzaron los despidos/retiros voluntarios de unos 15 operarios.
Ahora, parece abrirse una ventana que -en caso de concretarse un acuerdo- permitiría la reapertura de la planta de Atanor en San Nicolás.
Comunicado de la Juez
En relación a esta problemática, la Jueza de la causa Luciana Díaz Bancalari ha emitido un comunicado de prensa señalando lo siguiente:
«Atento al interés general de la comunidad en la “causa Atanor”, y en virtud de las previsiones del art. 5 del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información de la población en materia ambiental se hace saber a la comunidad:
En fecha 23 de agosto de 2024 se realizó una audiencia en sede de la Cámara Departamental, convocada por la magistrada a cargo de este organismo, frente a representantes del CONICET, con la presencia de los abogados de las partes (demandada, ATANOR y actora, ONG FOMEA), junto a personal profesional de la empresa, expertos pertenecientes a la Mesa de Gestión Universitaria, subsecretario del Ministerio de Ambiente Provincial, vocal de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), y subsecretario de contralor Municipal de San Nicolás.
En ese marco se recordó a los presentes que, desde el dictado de la sentencia de fecha 6 de marzo de 2023, ATANOR estaba obligada a realizar un convenio con el Conicet para practicar, entre otras medidas, una evaluación de riesgo ambiental.
En torno a ello la empresa fue intimada en reiteradas ocasiones y sancionada con multa en fecha 1 de agosto de 2023 (confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el 19 de octubre de 2023), por el incumplimiento de dicha obligación.
Finalmente el convenio fue firmado en fecha 12 de julio del 2024.
De la reunión surgió que el contenido del convenio no estaba ajustado a los eventos ocurridos este año, en tanto el CONICET no tenía al momento de la firma información formal -que debía ser suministrada por su contraparte- sobre las causas de la explosión sucedida el 20 de marzo de 2024.
Tampoco tenía conocimiento de los resultados de análisis de muestras tomadas por la ADA en los pozos de extracción de agua de la empresa que alertan sobre la existencia de contaminantes; ni habían analizado el nuevo Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado por la empresa para funcionar».