En los próximos días, el CONICET realizará un peritaje en la planta que la empresa Atanor tiene en San Nicolás. Y del resultado del mismo, dependerá si la Jueza Luciana Díaz Bancalari autoriza o no la reapertura de la actividad productiva.
Bajo el propósito de reanudar la producción durante el mes de septiembre, la empresa Atanor, que tiene una de su planta productora de agroquímicos en San Nicolás, entregó a la Justicia un plan de trabajo consensuado entre sus autoridades y las del Ministerio de Ambiente de la provincia, de la Autoridad del Agua bonaerense, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la ONG Foro Medio Ambiental.
En la última audiencia convocada por la magistrada Luciana Díaz Bancalari se resolvió que la planta será peritada por el CONICET, que emitirá un informe detallado sobre la empresa respecto de la viabilidad para continuar con sus operaciones, así como las modificaciones pertinentes que debería adoptar Atanor en caso de reactivar la producción.
En tanto, desde el Ministerio de Ambiente se abrió una consulta pública para que la comunidad aporte sus comentarios y observaciones en materia de impacto ambiental, de forma que estos sean tomados en cuenta en la determinación de políticas y proyectos, en el marco del «Acuerdo de Escazú», una normativa internacional que establece el derecho ciudadano a participar de la toma de decisiones en cuestiones ambientales.
Antecedentes
El conflicto en la empresa Atanor parece haber ingresado en una nueva etapa, luego de que las autoridades de aplicación y Atanor arribaran a un plan de trabajo consensuado.
Aunque no hubo anuncio oficial al respecto, trascendió que los puntos acordados se enmarcan en el requerimiento de la compañía de retomar actividades productivas en la planta paralizada desde el 20 de marzo pasado, en virtud de una medida cautelar de la Justicia.
En la última audiencia convocada por la jueza Luciana Díaz Bancalari participaron representantes de la empresa, del Ministerio de Ambiente bonaerense, de la Autoridad del Agua y del Conicet, además de FOMEA.
La magistrada también ordenó a un comité de expertos (con participación del Conicet) que presentara este mismo viernes, día de la más reciente audiencia, un “esquema inicial integrador de elementos para la elaboración de una posible solución”. Ese aporte también cimentó el plan de trabajo acordado.
Recordemos que Atanor se encuentra paralizada desde el pasado 20 de marzo, luego de una explosión en un sector de la planta que terminó con un trabajador con quemaduras graves. Posteriormente, en el marco de una causa anterior por contaminación ambiental, la Jueza Luciana Díaz Bancalari dispuso la clausura de la planta industrial hasta tanto se garantice la salud de la población en su conjunto.
Desde entonces la empresa no está desarrollando actividad productiva alguna. Los 150 trabajadores fueron suspendidos, y en la última semana comenzaron los despidos/retiros voluntarios de unos 15 operarios.
Ahora, todo parece indicar que sería inminente la reapertura de la planta de Atanor en San Nicolás. En la planta de San Nicolás -recordemos- trabajan unas 150 personas, que desde hace tiempo vienen reclamando la reapertura de la empresa para no perder su fuente laboral. Por el otro lado, las organizaciones ambientales exigen el cierre y relocalización de la fábrica, debido a los efectos contaminantes de la misma.
Comunicado de la Jueza
En relación a esta problemática, la Jueza de la causa Luciana Díaz Bancalari emitió días pasados un comunicado de prensa señalando lo siguiente:
«Atento al interés general de la comunidad en la “causa Atanor”, y en virtud de las previsiones del art. 5 del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información de la población en materia ambiental se hace saber a la comunidad:
En fecha 23 de agosto de 2024 se realizó una audiencia en sede de la Cámara Departamental, convocada por la magistrada a cargo de este organismo, frente a representantes del CONICET, con la presencia de los abogados de las partes (demandada, ATANOR y actora, ONG FOMEA), junto a personal profesional de la empresa, expertos pertenecientes a la Mesa de Gestión Universitaria, subsecretario del Ministerio de Ambiente Provincial, vocal de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), y subsecretario de contralor Municipal de San Nicolás.
En ese marco se recordó a los presentes que, desde el dictado de la sentencia de fecha 6 de marzo de 2023, ATANOR estaba obligada a realizar un convenio con el Conicet para practicar, entre otras medidas, una evaluación de riesgo ambiental.
En torno a ello la empresa fue intimada en reiteradas ocasiones y sancionada con multa en fecha 1 de agosto de 2023 (confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el 19 de octubre de 2023), por el incumplimiento de dicha obligación.
Finalmente el convenio fue firmado en fecha 12 de julio del 2024.
De la reunión surgió que el contenido del convenio no estaba ajustado a los eventos ocurridos este año, en tanto el CONICET no tenía al momento de la firma información formal -que debía ser suministrada por su contraparte- sobre las causas de la explosión sucedida el 20 de marzo de 2024.
Tampoco tenía conocimiento de los resultados de análisis de muestras tomadas por la ADA en los pozos de extracción de agua de la empresa que alertan sobre la existencia de contaminantes; ni habían analizado el nuevo Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado por la empresa para funcionar».