Se acabó la boleta partidaria para las elecciones nacionales: el instrumento de votación en Argentina, a partir de este año, será la Boleta Única de Papel. La Cámara de Diputados sancionó, con 143 votos a favor y 87 en contra, una reforma en el sistema de votación que transformará radicalmente la dinámica electoral nacional. Solo el peronismo votó en contra, bajo el argumento que el sistema tradicional había garantizado la alternancia en las elecciones nacionales de los últimos 40 años. La Libertad Avanza festejó haberse anotado una victoria luego de una semana difícil, pero el triunfo, realmente, fue del PRO y la UCR, los impulsores de la reforma electoral desde hace años. Quedó solo un cabo suelto: el casillero para votar lista completa. La Cámara de Diputados decidió aceptar los cambios introducidos en el Senado y coincidió en prohibir el casillero, pero un sector de la oposición presionará para reinstalarla en las próximas semanas y confía en que tendrá el número.

«Esto cambia todo. La Provincia de Buenos Aires va a ser otro mundo», deslizó, satisfecho, un importante armador bonaerense que viene impulsando la BUP desde 2022, cuando la Cámara de Diputados aprobó por primera vez el proyecto. La implementación de la BUP, que concentra en una sola papeleta toda la oferta electoral para los cargos nacionales – presidente, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur -, está destinada a cambiar las reglas de juego electorales. Y a menos de ocho meses de que arranque la campaña para las legislativas de 2025, las fuerzas políticas ya comenzaron a especular cómo impactará en sus territorios. Todas excepto LLA, que tiene poco para ganar con esta reforma. «Lo hacen por marketing político, en ningún momento se sentaron a analizar qué impacto va a tener», aseguró, burlón, un dirigente radical.

Por fuera de la oposición de Unión por la Patria, que era el único bloque que se oponía al cambio de sistema, la discusión había girado fundamentalmente entre la inclusión (o no) del casillero de lista completa. Es decir: la posibilidad de marcar, con solo una cruz, los candidatos de un partido para todos los cargos. El Senado, presionado por el gobernador Alberto Weretilneck y varias de las fuerzas provinciales que pierden con el efecto arrastre de las fuerzas que presentan candidato a presidente, había modificado la versión original y había eliminado el casillero. Pero las diputadas y diputados del PRO y la UCR – especialmente los de CABA y PBA – querían insistir con el casillero, que beneficia a todas las fuerzas nacionales. No lo lograron: Martín Menem optó por no abrir un frente de conflicto con los gobernadores y definió avanzar con la media sanción del Senado.

El acuerdo se cerró al filo del inicio de la sesión, que arrancó al mediodía. Durante la reunión de labor parlamentaria, Menem propuso tratar solo la aprobación en general de la media sanción del Senado a libro cerrado. Horas antes, Pamela Calletti, diputada salteña que responde a Gustavo Sáenz, había amenazado con no dar quórum si reestablecían el casillero. LLA no quería problemas con los gobernadores – a quienes necesita para blindar el veto al financiamiento universitario y la privatización de Aerolíneas Argentinas – y cedió. En el PRO, la UCR y el peronismo, sin embargo, adelantan que no durará mucho: todas las fuerzas nacionales apostarán a reformar este artículo a principio del año que viene. No solo buscarán poner de nuevo el casillero de lista completa, sino que irán por la eliminación de la obligación de tratar, por separado, las elecciones nacionales y provinciales: ninguno de los partidos nacionales quiere votaciones concurrentes en PBA.

La BUP sancionada adopta el modelo mendocino, que ubica en las filas horizontales los cargos nacionales y en las columnas verticales las fuerzas políticas. En el caso de la fila para diputados nacionales, la Boleta Única mostrará el nombre de los primeros cinco candidatos. Afuera, en el centro de votación, estará presente el listado completo.

Pros y contras: el debate

«Hoy es un gran día para la democracia», resaltó, conmovido, el miembro informante libertario, Nicolás Mayoraz, que reivindicó que la BUP terminaría con la «corrupción» electoral: «Si hay expresión política de la casta es la boleta que teníamos hasta ahora, y que con esto se termina. Se termina el clientelismo, se termina la corrupción, se terminan los kioskitos». 

El argumento a favor de la «transparencia» fue un constante a lo largo de todo el debate. Los grandes protagonistas de la jornada, sin embargo, no fueron los libertarios, sino los macristas y radicales, que aprovecharon el tema para polarizar con el peronismo. En especial la principal impulsora de la ley, Silvia Lospennato. «Estamos a minutos de cambiar un siglo de historia electoral. Lo que siempre impidieron ese cambio hoy no tienen el poder de impedirlo porque los ciudadanos en las urnas le sacamos ese poder, por eso no tienen esa mayoría que nos impusieron durante 17 años», destacó la diputada del PRO que, minutos antes, había festejado, a los gritos, que se había «terminado» con la «indecencia» de «repartir electrodomésticos y bolsones de comida con la boleta partidaria».

Algunas radicales como Carla Carrizo, sin embargo, intentaron bajar el tono. «El sistema de elección argentina no genera fraude electoral, no estamos cuestionando ningún resultado electoral», advirtió. Carrizo, al igual que Karina Banfi y otras diputadas de la UCR, manifestó su malestar por la eliminación del casillero que permitía votar lista completa y adelantó que presentaría un proyecto para reestablecerlo.

«Nosotros nunca denunciamos fraude, nos bancamos los resultados electorales como corresponde. La boleta partidaria es uno de los mejores sistemas que hay. Encabezan Noruega, Finlandia, Uruguay, España, Suecia que usan boleta partidaria», cuestionó Eduardo Valdés (UxP), que se quejó de que el Congreso quisiera modificar un sistema que «no tiene denuncias serias de fraude desde 1983».

«Lo único que quieren lograr con esto es separar la elección de la Provincia de Buenos Aires de la Nacional», cruzó, mientras tanto, Sabrina Selva (UxP), cuestionando que la BUP obligara a separar las elecciones nacionales de las provinciales.