El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en una entrevista que se plantea la posibilidad de lanzar un programa dirigido a los inmigrantes indocumentados en el que se les pague para que salgan voluntariamente del país.

«Queremos hacer un programa de autodeportación (…) No he determinado qué vamos a hacer, pero vamos a darles una ayuda económica (a los migrantes en situación irregular en Estados Unidos). Les vamos a dar algo de dinero y un billete de avión y vamos trabajar con ellos», indicó el mandatario, en diálogo con la cadena Fox News. «Si son buenos, si queremos que regresen, trabajaremos con ellos para que regresen tan rápido como podamos de manera legal», agregó.

Sin seguridad social

A esta declaración de Trump, se suma que el mandatario reforzó, mediante la firma de un nuevo memorando, la prohibición para que los inmigrantes indocumentados accedan a los fondos de seguridad social.

«(El documento) incluye promulgar directrices y priorizar las acciones de cumplimiento contra los beneficiarios o subbeneficiarios que no verifiquen la elegibilidad, detengan los pagos a beneficiarios fallecidos o no elegibles o impidan de otra manera que extranjeros no elegibles reciban fondos», indicó la Casa Blanca en un comunicado. «También se amplía el programa de persecución por fraude de la Administración del Seguro Social (SSA) a por lo menos 50 fiscalías de EE.UU. y establece un programa de persecución por fraude de los seguros públicos de salud en 15 fiscalías del país», agregó.

El texto insta a las autoridades del SSA a restablecer el uso de sanciones económicas a aquellas personas que cometan fraude contra este organismo institucional. «El presidente Trump cree que los beneficios financiados por los contribuyentes deben brindarse únicamente a las personas elegibles y no deben alentar ni recompensar la inmigración irregular al país», remarca.

El Memorando se basa en una orden ejecutiva que firmó el pasado febrero para eliminar las prestaciones federales dirigidas a inmigrantes indocumentados y mejorar los criterios de verificación para la obtención de esas ayudas. La medida ha recibido críticas por parte de gobernantes demócratas que han recalcado la existencia legal de esta normativa: «Ya es ilegal para los migrantes indocumentados que obtengan beneficios de la seguridad social. Esto es solo otro intento para demonizar y criminalizar a los inmigrantes», afirmó el congresista Chuy Garcia.

Freno a la deportación en Colorado

Desde su llegada a la Casa Blanca el pasado enero, Trump ha prometido llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos, reforzando la presencia militar en las zonas fronterizas con México y aumentando en masa el número de arrestos y expulsiones.

Entre las acciones más agresivas de Trump para acelerar las deportaciones y proyectar mano dura contra la migración está el envío a una megacárcel en El Salvador de más de 200 personas, en su mayoría migrantes venezolanos sin historial delictivo, de acuerdo con un informe de la cadena CBS. El Gobierno invocó una ley del siglo XVII, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar estas expulsiones. Varias organizaciones en defensa de los derechos humanos han presentado ya demandas en los tribunales para contrarrestar el uso de esta norma.

A esto se añade que una jueza federal del distrito de Colorado bloqueó temporalmente en un dictamen de emergencia el uso de esa ley para deportar a inmigrantes indocumentados venezolanos que residen en ese estado, según información difundida el martes. La jueza Charlotte N. Sweeney falló a favor de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en el caso de dos venezolanos que fueron detenidos y podrían ser deportados por su presunta asociación con la banda criminal transnacional Tren de Aragua (TdA), algo que ellos niegan, según sus abogados.

La decisión de la jueza se basa en que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó la semana pasada que toda persona deportada en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros tiene el derecho de una audiencia de apelación en un tribunal federal antes de la deportación. Por eso, jueces federales de Nueva York y Texas también se expresaron a favor de suspender temporalmente las deportaciones en esos estados hasta que se establezca un procedimiento para permitir dichas apelaciones. En el caso de Colorado, la suspensión de las deportaciones tiene una vigencia de 14 días, por lo que la jueza Sweeney programó una audiencia para el 21 de abril.

Uno de los favorecidos por la nueva orden es D.B.U., un hombre de 31 años que huyó de Venezuela después de ser encarcelado por su actividad política. El hombre fue arrestado en enero durante una redada en lo que las autoridades policiales locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas calificaron como una “fiesta del Tren de Aragua” en el Condado Adams, al norte de Denver. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), 41 personas arrestadas esa noche carecían de presencia legal en el país y decenas de ellas estarían vinculadas con la mencionada pandilla, incluyendo D.B.U., debido a un tatuaje.

El otro hombre representado por la ACLU, de 25 años, huyó de Venezuela después de que dos miembros de su familia fueran asesinados por pandilleros. R.M.M. fue detenido por agentes de inmigración en marzo después de que agentes federales lo vieran frente a un edificio vinculado a los criminales. También R.M.M. fue identificado como pandillero.