Se trata del desarrollo urbanístico de 306 viviendas que quedaron inconclusas, en el predio lindero al barrio Ayres del Sur. “Tenemos una distribución geográfica que la vamos a ir dando a conocer en la medida en que se van terminando los proyectos. Disponemos de zonas en Buenos Aires: Ezeiza, Morón, San Martín, San Miguel, San Nicolás, Avellaneda”, dijo la ministra sobre los distintos lugares donde se seguirán entregando viviendas destinadas a los agentes. Los beneficiarios serían efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional.
Luego de que el Gobierno nacional dio de baja el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), las unidades habitacionales comenzaron a ser entregadas a miembros de fuerzas de seguridad de la Nación.
El plan de acción contempla la subasta de las 17.000 viviendas del programa Desarrollos Urbanísticos de Procrear que aún no han sido finalizadas ni asignadas, como ocurre en San Nicolás. Para los casos en proceso de crédito, el Gobierno se comprometió a cumplir con los acuerdos vigentes.
En ese contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó en Avellaneda la entrega de 160 viviendas destinadas a efectivos de las Fuerzas Federales, en el marco de un plan que suma cientos de unidades habitacionales recuperadas en distintos puntos del país.
La funcionaria destacó que se trata de hogares provenientes del plan ProCreAr, cedidos al Ministerio de Seguridad por el Ministerio de Economía y reasignados a los agentes.
Bullrich explicó que “esto podía ser una salida importante al problema de los alquileres que tienen los miembros federales de las fuerzas de seguridad que pagan fortunas por alquiler”. “Esta será una medida de tantas que tenemos que tomar para terminar con este problema”, señaló. Y agregó: “Tenemos una distribución geográfica que la vamos a ir dando a conocer en la medida en que se van terminando los proyectos. Contamos con áreas en Buenos Aires: Ezeiza, Morón, San Martín, San Miguel, San Nicolás, acá en Avellaneda. También en CABA, en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Tierra del Fuego”, dijo la funcionaria sobre los distintos lugares donde se seguirán entregando viviendas destinadas a los agentes.
El programa, creado en 2012, facilitó el acceso a la vivienda mediante créditos y desarrollos urbanísticos. El Ministerio de Economía argumentó que la medida busca mejorar el funcionamiento estatal, reducir el gasto y dejar la financiación de viviendas en manos de bancos comerciales.
El desarrollo de San Nicolás logró avanzar hasta un 30%, hasta que en febrero de 2024 la construcción quedó definitivamente paralizada.
Inicio y paralización
Este desarrollo urbanístico en San Nicolás se había iniciado en abril de 2023 durante la gestión nacional de Alberto Fernández. El segundo desarrollo urbanístico ProCreAr en San Nicolás suponía la edificación de 306 viviendas.
El proyecto puesto en ejecución ya se había reducido en un 75% hacia los últimos días de diciembre de 2023, los primeros de la gestión de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo Nacional.
La obra –que se suponía que generaría 383 puestos de trabajo directos (y otros más de 500 de manera indirecta)– ocupaba en aquel momento a solo 31 trabajadores que seguían vinculados al proyecto licitado y adjudicado en mayo de 2023 a las empresas Epreco SRL y Sanimat SA.
Hacia inicios de febrero de 2024, la paralización fue total. Desde entonces, la ampliación del segundo desarrollo urbanístico ProCreAr de la zona sur de San Nicolás es una más entre los centenares de obras públicas paralizadas en todo el país.
El desmantelamiento del ProCreAr se enmarcó en la revisión general de los fondos fiduciarios bajo la administración nacional. Según declaró Manuel Adorni, vocero presidencial, el Gobierno ha cerrado ya otros programas, como el Fondo Fiduciario de Capital Social (Foncap), el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Esta facultad del Ejecutivo para modificar, disolver o liquidar fondos fiduciarios públicos se ampara en el artículo 5 de la Ley Bases, que habilita al Gobierno a realizar cambios en estos instrumentos de financiamiento en línea con sus objetivos presupuestarios y prioridades de gestión. A su vez, el decreto 215/24, firmado por el presidente Milei, otorga a Caputo el control sobre estos fondos y encomienda al Ministerio de Economía una auditoría en colaboración con la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para revisar su administración.