Desde Roma

Desde el comienzo del 2025 hasta principios de noviembre, al menos 552 personas murieron en el Mediterráneo (varios niños y jóvenes) y 494 están desaparecidas, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Esas cifras se agregan a los 25.630 muertos y desaparecidos en el Mediterráneo entre 2014 y 2024. Y esto significa que los migrantes no se detienen pese a los riesgos que corren para llegar a Europa.

Y en el recorrido en el mar Mediterráneo sólo los ayudan las naves de organizaciones de solidaridad internacional como Médicos sin Fronteras (MSF), Sea Watch, Open Arms, Emergency, Sos Humanity y muchas otras. Todas tratan de salvar a los migrantes que son embarcados por los traficantes de seres humanos en barcazas deterioradas y super cargadas, que parten de países del norte de África como Libia y Túnez. Y muchas de esas barcazas se rompen y se hunden a mitad de camino.

En las aguas italianas, las naves de rescate han sufrido una serie de restricciones desde 2023, con el llamado Decreto Piantedosi, del ministro del Interior del gobierno derechista de Giorgia Meloni. Entre ellas la desviación de naves con rescatados a puertos muy lejanos, cuando las leyes marítimas europeas prevén que los rescatados puedan llegar al puerto más cercano para ser curados y ayudados. Con medidas como esas, el gobierno italiano trata de bloquear el accionar de las naves rescatistas por varios días y así, teóricamente, limitar la llegada de migrantes. Esto le ocurrió, por ejemplo, a la nave Geo Barents de MSF, que fue sancionada en cuatro ocasiones en estos últimos años, obligándola a navegar varios días hasta puertos lejanos del norte de Italia para descargar a los salvados en el mar.

El nuevo proyecto

Desde 2015 MSF ha participado en actividades de búsqueda y rescate en nueve embarcaciones diferentes, en colaboración con otras organizaciones humanitarias. En total fueron salvadas por ellos 94.200 personas, según un comunicado de prensa de MSF. Pero hace un año se vio obligada a interrumpir sus rescates con su barco Geo Barents, a causa de las restrictivas normas italianas, que entre otras cosas, las mandaban a anclar en puertos lejanos.

Ahora MSF ha lanzado otro proyecto que llevará adelante una nueva nave de esta organización, Oyvon, un barco más pequeño que compró MSF y que en Noruega funcionaba como barco ambulancia. A cargo de este nuevo proyecto está Juan Matías Gil, argentino, economista con un máster en Derechos Humanos, nacido en Buenos Aires, que hace varios años vive en Italia y trabaja para MSF desde 2009. Estará en el nuevo barco que parte en los próximos días.

¿Por qué Médicos sin Fronteras decidió reiniciar los rescates con un barco más pequeño como Oyvon? “La decisión de MSF de usar un barco más pequeño y rápido es una respuesta estratégica a las leyes y prácticas restrictivas impuestas por el Gobierno italiano, que se dirigen específicamente a los barcos de rescate humanitario”, explicó Gil en una entrevista con Página/12. Y agregó: “Con un barco mas pequeño podemos rescatar un numero reducido de personas y desembarcarlas rápidamente en el sur del país porque no podemos ir más lejos. Y así volver rápidamente a la zona de rescate, donde nos necesitan. Es decir, hemos reducido nuestra capacidad de rescate, como respuesta a esas políticas irresponsables de gestión del flujo migratorio”.

Entre otras medidas del gobierno italiano que intenta limitar la llegada de migrantes está también un acuerdo, de 2017, con la Guardia Costera de Libia, a la que Italia paga una cierta cantidad de dinero y ha donado barcos, para que detengan las naves de migrantes. Este acuerdo se renueva casi automáticamente sino hay un veto del Parlamento. Así ocurrió el 2 de noviembre pasado. Pero no existe transparencia en los gastos del gobierno y quien quisiera conocer los detalles, explicó Gil, no tiene acceso a los datos que indiquen cuántas naves y cuanto dinero ha donado el gobierno italiano a la Guardia Costera Libia.

Los objetivos

Según Matías Gil, los principales objetivos de este nuevo proyecto de MSF son varios. “El más significativo es reducir las muertes en el mar y salvar todas las personas que se encuentren en dificultad en una embarcación y llevarlas a un lugar seguro. Pero a nosotros nos toca además hablar, testimoniar sobre los efectos de las políticas migratorias generadas por los gobiernos, informar, sensibilizar a la opinión publica sobre lo que está sucediendo, informar sobre cómo está gastando el gobierno el dinero de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Y explicar cómo estos gobiernos contribuyen a las violaciones de los derechos humanos, así como denunciar para que se encuentren soluciones sostenibles. Y obviamente, también tratar de influenciar el mundo político para que cambie de dirección, porque está yendo en la dirección contraria a los derechos marítimos. Pero no nos damos por vencidos”, enfatizó Gil, aclarando que “evitar el problema no lo soluciona, ignorarlo no lo soluciona. Por eso queremos dar voz a los migrantes y a toda persona que escapa de situaciones de guerra, de pobreza, de crisis económicas debidas al cambio climático, y está buscando libertad y oportunidad, una oportunidad de vida y de seguridad”.

En los últimos años MSF también ha presentado causas a los tribunales, tanto italianos como internacionales como la Corte De Derechos Humanos de la Unión Europea, “para mostrar lo que está sucediendo, cómo los derechos de las personas son violados, y con la esperanza de crear sentencias y jurisprudencia que los gobiernos no puedan ignorar. Pero esto lleva años hasta tener una sentencia positiva que se deba aplicar en los países europeos. Mientras tanto el daño sigue existiendo. La gente sigue muriendo, maltratada, torturada,vendida, esclavizada. No podemos permitir que esto continúe”, subrayó.

El escándalo Almasri

Y en relación a las decisiones de la Corte Penal Internacionb al y al comportamiento del gobierno italiano, Gil sacó a relucir el caso del general libio Osama Almasri, ex jefe de la policía judicial de Libia contra quien había un mandato de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, por haber torturado decenas de personas y asesinando al menos una en los centros de los que era responsable.

Almasri fue arrestado en Turín (norte de Italia) el 19 de enero y pese a que Italia debería haberlo mandado a la Corte Penal, fue liberado poco después y enviado en un vuelo oficial italiano a Trípoli. El militar libio fue arrestado en cambio en Trípoli el 5 de noviembre, y posiblemente será deportado para que la Corte Penal Internacional con sede en La Haya (Holanda), lo procese.

“Esta es la paradoja del gobierno italiano -comentó Gil- que dice que el modo de romper con el tráfico de seres humanos es quebrar la cadena del trafico de personas. En cambio una persona que está acusada de este trafico y de torturas, es dejado libre. Es un claro ejemplo de cómo se usa la narrativa política para desinformar a la gente mientras las medidas políticas van en otra dirección”.

Qué hacer a nivel internacional

Naciones Unidas y en particular las agencias de la ONU que tiene la obligación de proteger a los refugiados, podrían presionar a los estados miembros y de la Unión Europea para que cambie la situación, explicó el experto de MSF. “Específicamente -aclaró- se podría presionar a la Comisión Europea que es la guardiana de los tratados internacionales que no se están respetando. Este año se comienza a implementar el Pacto Migratorio Europeo que básicamente significa suspender derechos de toda persona en movimiento buscando protección internacional. El pacto permite derogar temporalmente las reglas precedentes y poner en practica un mecanismo acelerado de expulsión. La UE ha financiado a las Guardias Costeras de Libia y de Túnez para que mantengan en sus costas y en sus centros de detención a los migrantes. Por una parte esas Guardias reciben financiación de la UE y de los ciudadanos europeos que pagan sus impuestos, y por la otra agarran el dinero de los migrantes, obligados a pagar a los traficantes para poder llegar a Europa”.

El Pacto Migratorio Europeo fue adoptado por la UE en mayo de 2024. En noviembre de 2025 entró en acción el Ciclo Anual de gestión de las Migraciones, un mecanismo que permite controlar y coordinar entre los países la situación migratoria. Como cada país miembro de la UE tiene que revisar sus normas, se prevé que la implementación del Pacto será completada 2026.

Otros aspectos que en cambio podrían ayudar a los migrantes, según Matías Gil, es “abrir canales seguros y legales de inmigración para que la gente no ponga en peligro su vida. Hacer que exista un sistema de rescate oficial de parte de naves del estado, así las organizaciones humanitarias no tienen que ocuparse, y crear comisiones de recepción dignas donde los migrantes sean respetados y la migración no sea vista como una amenaza sino como una oportunidad cultural, social, económica y política. Y que el tema, además, no sea utilizado para ganar votos sino como un beneficio para el país”, concluyó.