Por Pablo González
Periodismosn.com.ar
FM 88.7 Radio City San Nicolás
El conflicto entre la Municipalidad de Ramallo y la empresa Ternium por el aumento en la tasa de seguridad e higiene, está llegando en estos días a su momento de máxima tensión.
Aunque la discusión ya venía desde hace tiempo, el conflicto entró en ebullición cuando el municipio de Ramallo (donde está localizada la Planta General Savio de Ternium Argentina), llevó el valor de Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) a 358 mil pesos por empleado por mes (en lugar de los 145 mil pesos que se venían cobrando hasta ese momento. Ese aumento del 147% correspondiente al período octubre 2024/enero 2025) determinó que Ternium tuviera que pagar 1.210 millones de pesos mensuales a la Municipalidad de Ramallo, por la mencionada Tasa de Seguridad e Higiene.
La empresa entendió que ese aumento es un «impuesto encubierto al trabajo», desproporcionado, que no guarda relación alguna con la contraprestación de seguridad e higiene brindada por el municipio de Ramallo. Ese argumento lo convalidan con el hecho de que entre enero 2024 y noviembre 2025 la inflación y los sueldos del municipio de Ramallo aumentaron un 177%, mientras que la Tasa de Seguridad e Higiene lo hizo en un 783%.
Pero eso no es todo. El gobierno de Ramallo previó otro incremento del 50% en la TISH para el ejercicio fiscal 2026, por lo que la tasa a pagar por Ternium implicará un desembolso de 1.815 pesos mensuales (de los $1.210 actuales), lo que equivaldría a 537 mil pesos pro empleado por mes.
Conflicto judicial
En este contexto es que el conflicto entre Ternium y la Municipalidad de Ramallo ingresó en el terreno judicial. En el mes de mayo, Ternium acudió a la justicia provincial ya que considera que el aumento dispuesto por Ramallo es manifiestamente inconstitucional.
Por otra parte, ante el escenario de desproporcionalidad de la TISH, a partir de abril y hasta octubre de 2025 inclusive, Ternium comenzó a pagar entre $450-500 millones mensuales de la tasa, sin la aplicación del aumento pretendido. Y depositó en una cuenta judicial -en los casos que aplicó- la diferencia entre lo pretendido por el municipio y lo efectivamente pagado por Ternium. Es decir que en realidad Ternium está pagando lo que establece el municipio de Ramallo, pero ese dinero en lugar de ir a las cuentas municipales, va a una cuenta judicial hasta que se resuelva la cuestión de fondo en el pleito judicial.
Asimismo, desde julio de 2025 Ternium Argentina presentó una demanda ante la Justicia Federal solicitando una medida cautelar para impedir que se concreten los a su entender ilegales apercibimientos del Municipio, que exigía pagar la diferencia de TISH bajo amenaza de no renovar la habilitación de la planta. El juzgado finalmente hizo lugar a dicha cautelar en octubre de 2025.
Sin embargo, a pesar de la medida cautelar vigente, el pasado jueves 20 de noviembre el Municipio de Ramallo dictó una resolución por la cual dejaba sin efecto la habilitación de la planta. Ante esta acción ilegal del municipio, Ternium Argentina pidió ampliar la cautelar. El juzgado lo aceptó y suspendió finalmente la resolución del municipio del 20 de noviembre.
Problemas económicos
El conflicto no es un tema menor, ni para Ternium ni para la Municipalidad de Ramallo. El grupo empresario liderado por Paolo Rocca ha decidido poner un freno (o al menos un límite) a los incrementos de la Tasa de Seguridad e Higiene que cobra el municipio. Entienden que dichos aumentos son absolutamente abusivos y desproporcionados. La decisión de depositar la diferencia en una cuenta judicial, ha privado al gobierno municipal ramallense de su principal ingreso económico, y ésto le trae problemas operativos serios en el funcionamiento cotidiano.
Por eso en las últimas horas el Intendente Mauro Poletti anunció que enviará un proyecto al Concejo Deliberante para que le autoricen vender a un privado la millonaria deuda que Ternium con el municipio. Es decir que quieren vender los juicios que el municipio ya ganó en primera y segunda instancia, resignando algo de ese monto pero consiguiendo con inmediatez el dinero que le está haciendo falta para su normal funcionamiento.
El conflicto está ahora empantanado, tanto en el terreno público como judicial. La lógica indicaría que lo más razonable sería encontrar un punto de equilibrio, intermedio, que permita poner punto final a esta batalla que por ahora no parece llevar la situación a buen puerto.