Hubo bloqueos de rutas, quema de vehículos e incidentes en 21 estados tras la caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Sheinbaum llamó a la calma.
El Gobierno de México confirmó ayer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo de seguridad desplegado en el occidente del país. La información fue ratificada tras una jornada marcada por bloqueos de rutas, quema de vehículos y diversos hechos violentos en al menos 21 estados en represalia por la muerte del capo.
“El Mencho” era identificado como líder del CJNG, una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en México y con operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Tras la captura en julio de 2024 de Ismael “El Mayo” Zambada, histórico dirigente del Cartel de Sinaloa, Oseguera Cervantes pasó a ser considerado el narcotraficante más buscado del país.
Antes de que se conociera oficialmente el resultado del operativo, se registraron incidentes en Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, con medios mexicanos como el diario La Jornada reportando incidentes en hasta 21 estados.
De acuerdo con reportes preliminares de autoridades estatales y federales, los hechos incluyeron incendios de unidades de transporte de carga y pasajeros, vehículos atravesados para bloquear el paso y afectaciones a la circulación en autopistas y carreteras federales. Según la agencia EFE, aún no hubo denuncias de víctimas civiles por los bloqueos, pero las autoridades mantuvieron el despliegue ante posibles nuevas reacciones.
La operación fue ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. De acuerdo con el comunicado oficial de la Defensa, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon la intervención con el objetivo de detener a Rubén “N”, alias “El Mencho”, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata.
Según la versión oficial, Oseguera Cervantes resultó herido y murió durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. En total, siete presuntos integrantes del grupo criminal fallecieron y su identificación formal quedó a cargo de las autoridades periciales. Además, dos miembros del CJNG fueron detenidos y se aseguró armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.
La Sedena indicó que “tres elementos militares” resultaron heridos y fueron trasladados a instalaciones médicas en la capital del país. También precisó que el operativo contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
El enfrentamiento ocurrió en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco, a unos 150 kilómetros de Guadalajara, aunque los efectos de seguridad se extendieron a otras zonas del estado, incluida la región costera y municipios como Puerto Vallarta. En la zona metropolitana de Guadalajara se suspendió el transporte público y se pidió a la población evitar salir de sus domicilios.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en sus redes sociales que la Secretaría de la Defensa Nacional le reportó el operativo realizado por fuerzas federales. Afirmó que existe “absoluta coordinación” con los gobiernos estatales y llamó a la población a mantenerse informada y en calma. “Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, escribió la mandataria en sus redes sociales.
En paralelo, el Gabinete de Seguridad confirmó que los bloqueos registrados en una decena de estados fueron una respuesta directa a la operación federal. En los estados donde se registraron bloqueos, fuerzas federales y estatales continuaban desplegadas para restablecer la circulación y reforzar la seguridad. Las autoridades pidieron a la población evitar las zonas afectadas y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.
En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó que un operativo federal derivó en “enfrentamientos en la zona” y que, como reacción, “en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”.
El funcionario anunció la activación del “código rojo” y la instalación permanente de la mesa de seguridad estatal, además de recomendar evitar la circulación en carreteras. Posteriormente informó la cancelación de clases presenciales y de eventos masivos programados para este domingo. “Seguimos trabajando en absoluta coordinación”, aseguró Lemus en respuesta al comunicado de la presidenta.
En este contexto, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara opera con normalidad y sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas.
Desde Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla indicó que instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades federales y estatales tras los bloqueos en distintos puntos del estado. En la terminal de autobuses de Morelia se suspendieron salidas hasta nuevo aviso, y el gobernador dispuso la suspensión de actividades escolares para el día entrante.
Las autoridades estatales de Guanajuato también reportaron incidentes: la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que se “han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato”, derivado de la acción federal. Medios locales también informaron de incendios en avenidas y negocios de Colima, Nayarit (oeste) y Aguascalientes (centro), sin confirmación de las autoridades.
Desde Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno convocó a sesión permanente de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, a la vez que informó la suspensión de clases para el lunes en todo el estado.
Por otro lado, en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que instruyó tras el ataque dispuso mantener desplegados sus operativos y fortalecer la presencia en zonas públicas, “donde las actividades se desarrollan con normalidad y bajo vigilancia permanente.“
Desde Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila señaló que reforzó la vigilancia en coordinación con fuerzas federales y municipales. “La fuerza del Estado está presente y actuando. Nadie está por encima de la ley”, escribió en sus redes.
El gobierno de Estados Unidos había intensificado la presión sobre las autoridades federales para profundizar la búsqueda del dirigente del CJNG. De acuerdo con información del Departamento de Estado, la recompensa ofrecida por datos que condujeran a su captura o condena ascendía a 10 millones de dólares. La ficha de búsqueda fue difundida en diciembre de 2024 como parte de los “esfuerzos bilaterales” en materia de combate al narcotráfico.
El CJNG ha sido señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como responsable de numerosos homicidios, tanto de civiles como contra grupos rivales, así como de ataques directos contra fuerzas de seguridad. También se le atribuyen presuntos intentos de asesinato contra funcionarios públicos en distintos niveles de gobierno.
Autoridades de Estados Unidos aplaudieron el operativo. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, escribió en la red social X que la muerte de “El Mencho” representa “un gran avance” para México, Estados Unidos y la región, y felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas. Minutos más tarde, se refirió a los incidentes violentos registrados como respuesta a la operación y afirmó que observaba las escenas “con gran tristeza y preocupación”.
La presidenta Sheinbaum, como su antecesor Andrés Manuel López Obrador, ha criticado reiteradamente la estrategia de “captura de capos” aplicada en administraciones previas, al considerar que la eliminación de líderes criminales puede detonar episodios de violencia por la fragmentación de los grupos.
Bajo el lema “abrazos, no balazos” instaurado por el ex presidente, la administración de Sheinbaum plantea una política de seguridad centrada en atender las causas sociales de la violencia y en evitar el uso de la fuerza coercitiva como primera respuesta.