La cacería contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, una vez más situó a Estados Unidos en su recurrente doble papel frente a México.

Por una parte, se asume como nación directamente damnificada frente al problema de seguridad que, según el relato oficial de su presidente, Donald Trump, sería sólo originado al sur de su frontera. Por otra parte, actúa como principal impulsora de la violencia y el delito a través del tráfico de armas, un “río de hierro” que se habría incrementado enormemente durante el actual mandato republicano. Al año, Estados Unidos vendería alrededor de 200 mil armas a México, de las que más de un 70% terminan en posesión de los distintos cárteles del narcotráfico.

Frente al silencio institucional que suele existir sobre un asunto tan oscuro y grave como la venta clandestina de armamento a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, la creación del “Proyecto Thor” en 2018 fue un acontecimiento de enorme impacto político en los Estados Unidos.

Concebido como una operación secreta del Departamento de Justicia, del de Seguridad Nacional, y de otras áreas de gobierno, el “Proyecto Thor” descubrió una vasta e intrincada red para el aprovisionamiento de armas a los grupos delictivos de México, en el que participaban los principales fabricantes de armas, así como también pequeños comerciantes estadounidenses.

Las principales conclusiones apuntan a la existencia de decenas de redes autónomas de tráfico de armas, que operan a partir de grupos establecidos como células terroristas, y que pagan a ciudadanos para el abastecimiento en comercios y distribuidoras esparcidos por todo el país, incluso en Estados tan alejados de la frontera sur como Wisconsin e, incluso, Alaska. Asimismo, se estimó que los cárteles traficaban entre 250 mil y un millón de armas al año, con un valor de venta al público de hasta 500 millones de dólares, sin incluir municiones ni suministros tácticos.

Gracias a los descubrimientos del proyecto, en agosto de 2021 el gobierno de Andrés M. López Obrador presentó una demanda por 10 mil millones de dólares en contra de fabricantes estadounidenses de armas de fuego acusados de contribuir al abastecimiento ilegal de los cárteles de México.El caso fue desestimado por un Tribunal de Distrito estadounidense un año después.

Sin ninguna capacidad operativa para efectuar cambios en la situación del financiamiento narco, y debido a múltiples presiones internas, a partir de 2022 el Proyecto Thor dejó de recibió fondos, mientras que el gobierno demócrata de Joe Biden anunciaba una nueva estrategia restrictiva sobre la venta de armas, de nuevo, sin mayores resultados prácticos.

Nuevas investigaciones desarrolladas en los últimos años desde comisiones parlamentarias de Estados Unidos y de México, dieron cuenta de que las principales rutas de tráfico de armas identificadas tendrían como ejes principales a los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas. El armamento viaja, principalmente, a través de métodos como el “tráfico hormiga”, donde pequeñas cantidades son introducidas de manera ilegal a través de cruces fronterizos clave como Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo.

Según el informe estadounidense, el 82% de las armas incautadas entre 2022 y 2023 se ubicaron en estados con una importante presencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los destinos más frecuentes de estos armamentos fueron Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Otras investigaciones, desarrolladas por universidades, llegaron a la conclusión de que las grandes cadenas dedicadas a la venta de armas representan sólo un 17% del tráfico ilegal hacia México. El restante 83% pertenece a comerciantes independientes o, simples intermediarios, que revenden sus productos (incluso armas de guerra, como drones, minas antipersonales y camiones blindados y equipados con dispositivos de última generación)a operadores de los cárteles. Mientras que un papel especial lo cumplen las ferias especializadas en armamentos, en las que también confluyen organizaciones de ultraderecha y representantes de gobiernos en guerra y vinculados a las redes trasatlánticas del comercio ilegal de armas, como ocurre en Ucrania y en países africanos.

Si bien Washington tiene la facultad de implementar medidas para impedir el paso de armas a territorio mexicano, los fabricantes y comercializadores de armamento están protegidos por las leyes estadounidenses o por diversas lagunas legales. En este sentido, resulta crucial la labor de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, la que favoreció la creación de una pantalla legal para cubrir operaciones comerciales de armas, de acuerdo con la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y con la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas.

Por su parte, y desde inicios de su segundo mandato, Donald Trump reforzó la legislación vigente en torno a la posesión de armamento, con especial impacto en el tráfico ilegal hacia México.

La primera medida fue adoptada por decreto presidencial el 7 de febrero de 2025 cuando se facultó a la Fiscalía General a revisar y revertir regulaciones implementadas por Biden entre 2021 y 2025 que pudieran haber restringido la venta y posesión de armas. Además, leyes como la Enmienda Tiahrt, de 2003, limitan el acceso público a datos sobre rastreo de armas, protegiendo a vendedores y dificultando el trabajo conjunto de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Desde el Departamento de Estado conducido por Marco Rubio, se señaló como “terroristas” a un conjunto de organizaciones delictivas con presencia en distintos países latinoamericanos y con presuntas ramificaciones en los Estados Unidos: fue el caso, entre otras, del Cartel Jalisco Nueva Generación, con “El Mencho” convertido así en uno de los principales enemigos a derrotar.

El nuevo estatus de las organizaciones no sólo indicaba una suba en su nivel de peligrosidad: fue también una estrategia para responsabilizar a los gobiernos de la región por la falta de resultados en sus enfrentamientos o, eventualmente, por su complicidad en actividades ilegales. Esta designación no sólo no refrenó el tráfico ilegal de armas sino que lo aceleró, al decretar una guerra a desarrollarse en territorio mexicano y para el que los cárteles debían estar preparados.

Al mismo tiempo, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento de Justicia, y principal responsable de las investigaciones por la trazabilidad del armamento estadounidense decomisado en las operaciones desarrolladas en México, se convirtió en un objetivo ineludible de las presiones de la Casa Blanca.

En medio de la política de recortes al Estado, la ATF sufrió una amplia reducción en su presupuesto, de un 25%, y se eliminó a más de 500 inspectores de la agencia (dos tercios del total).

Además, la reformulación de algunas normas procedimentales impactó directamente en la efectividad de la ATF. Se simplificaron las verificaciones de antecedentes para la compra de armas y, sobre todo, se flexibilizaron las regulaciones para su tenencia y comercialización, y se destruyeron registros de propietarios de armas que se habían conservado durante más de 20 años. Las empresas beneficiadas por todo este proceso fueron, entre otras, Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A. Corp., Colt’s Manufacturing Company y Glock Inc.

Desde el golpe contra Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero y el reforzamiento del bloqueo petrolero contra Cuba, también se incrementaron las presiones de Trump en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. El reclamo es constante y cada vez más peligroso: si la administración del Distrito Federal no combate al narcotráfico en los términos planteados por Estados Unidos, será la Casa Blanca la que se vea obligada a actuar de manera directa. Y ahí sí, la guerra sería inexorable.

Lo que desde Washington no terminan de asumir es que su gobierno ya interviene, y desde hace muchos años, en la realimentación de una guerra que se vale de la venta clandestina de armamento para el continuó fortalecimiento de las capacidades bélicas del narcotráfico y, sobre todo, para beneficio de los fabricantes y comercializadores de los Estados Unidos. Pero, también, como herramienta indispensable para la influencia y la búsqueda de control político al sur de su frontera.