La pobreza alcanzó al 28,2 por ciento de la población en el segundo semestre de 2025 y la indigencia al 6,3, según el INDEC. Aunque los números muestran una baja respecto del 31,6 y 6,9 por ciento del primer semestre, el dato abre una discusión de fondo: la mejora estadística convive con un deterioro del mercado laboral, caída del consumo y salarios que no logran recuperar poder adquisitivo y a la vez, crecen las polémicas en cuanto a la calidad del dato infornado por INDEC.

En términos absolutos, más de 8 millones y medio de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que casi 2 millones están en situación de indigencia. La reducción frente a los registros previos aparece, en ese marco, más vinculada a cambios metodológicos y a la dinámica de medición que a una recomposición efectiva de las condiciones de vida.

La medición oficial se basa en un criterio unidimensional: los ingresos. El umbral lo define la Canasta Básica Total (CBT), que establece el ingreso mínimo necesario para no ser considerado pobre. Actualmente, para una familia tipo de cuatro integrantes, ese valor se ubica en torno a 1.400.000 pesos mensuales, sin incluir el alquiler. Sin embargo, esa referencia arrastra limitaciones estructurales que relativizan el alcance de los resultados.

Por un lado, la canasta continúa construida sobre patrones de consumo de 2004/05, lo que deja fuera cambios profundos en la estructura de gastos de los hogares. El peso creciente de servicios como internet, telefonía móvil o tarifas públicas no está plenamente reflejado, en un contexto donde esos rubros aumentaron por encima de los alimentos. Distintas estimaciones privadas sostienen que, si se actualizara la canasta con datos más recientes, el umbral de pobreza para una familia tipo se ubicaría cerca de los 2 millones de pesos. Bajo ese supuesto, una porción significativa de la población quedaría automáticamente por debajo de la línea.

Por otro lado, desde comienzos de 2024 el relevamiento incorpora ingresos no laborales como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar. Esa modificación, técnicamente válida, introduce un quiebre en la comparabilidad histórica: si esos ingresos hubieran sido considerados en períodos anteriores, los niveles de pobreza también habrían resultado más bajos. Al mismo tiempo, esas transferencias explican en buena medida la reducción de la indigencia, aun en un escenario de caída del empleo y deterioro salarial.

La evolución reciente también se cruza con el relato oficial. El presidente Javier Milei suele afirmar que la pobreza bajó desde el 52,9 por ciento, pero ese valor corresponde al primer semestre de 2024, ya bajo su gestión. El dato de cierre de 2023, previo a su asunción, era del 41,7 por ciento. La comparación, entonces, no solo depende del punto de partida elegido, sino también de los cambios en la forma de medir.

El contraste más evidente aparece al observar el mercado de trabajo. La desocupación trepó al 7,5 por ciento hacia fines de 2025, lo que implica más de 1.100.000 personas sin empleo y un aumento de casi 300.000 en dos años. Desde la asunción del actual gobierno, el desempleo subió desde el 5,7 por ciento, mientras que la informalidad pasó del 41 al 43. A la par, crecieron los ocupados que buscan otro empleo y los subocupados que necesitan trabajar más horas.

La dinámica del empleo explica parte de la tensión entre los indicadores. Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 290.000 puestos de trabajo registrados y cerraron más de 22.000 empresas, con impacto particularmente fuerte en la industria, la construcción y el trabajo en casas particulares. En ese contexto, la mejora en la pobreza medida por ingresos no logra capturar plenamente la precarización del mercado laboral ni la pérdida de calidad del empleo.

Agustín Salvia, jefe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ya había advirtió esta situación previo a la publicación del informe: “la pobreza está aumentando” y señaló que los indicadores actuales podrían no reflejar plenamente el deterioro social. Según explicó, aunque el informe semestral del INDEC muestre una baja en la pobreza, esa mejora se apoya en “parámetros muy viejos”, dado que la medición continúa utilizando una estructura de precios basada en 2004, lo que limita su capacidad para captar los cambios en el costo de vida.

A esto se suma el comportamiento de los precios. La inflación en servicios, especialmente tarifas, creció por encima de los alimentos, modificando la estructura del gasto de los hogares. Sin embargo, ese cambio no se refleja de manera integral en la medición oficial, lo que tiende a subestimar el costo real de vida. De hecho, algunas estimaciones sostienen que la falta de actualización metodológica también impacta en el cálculo de la inflación acumulada, generando diferencias relevantes en las series.

El resultado es un cuadro ambiguo: los indicadores oficiales muestran una baja de la pobreza, pero otros datos de la economía real apuntan en sentido contrario. Menor consumo, mayor morosidad en créditos y tarjetas, aumento del desempleo y expansión de la informalidad configuran un escenario donde la mejora estadística no necesariamente implica una mejora efectiva en las condiciones de vida.

En ese marco, la discusión sobre cómo se mide la pobreza deja de ser técnica para volverse política. La actualización de la canasta, la inclusión de ingresos no laborales y la comparabilidad de las series son elementos centrales para interpretar los datos.