El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, es protagonista de lo que podría considerarse el colmo para quien ocupa ese cargo: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce el fiscal Sergio Rodríguez, pidió que sea indagado por notorias omisiones en sus declaraciones juradas ante el propio organismo y la Oficina Anticorrupción (OA). Según la documentación recabada hasta el momento en la investigación, el funcionario no consignó tres propiedades adquiridas en Miami ni las sociedades off shore radicadas en Panamá para operar en Estados Unidos que usó para comprar los inmuebles por 2,1 millones de dólares, controladas por otra sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. También se le adjudican maniobras contables diversas para camuflar movimientos de fondos, con otra sociedad en Argentina llamada Consultora San Andrés. Este lunes, mientras el Gobierno defendía al funcionario con el argumento de que había sido sobreseído, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenaba nuevas medidas de prueba para ampliar la pesquisa.

El lapidario dictamen de la PIA pide la indagatoria de Vázquez –quien tiene una carrera de mas de tres décadas en la AFIP– por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, pero señala sospechas de otros delitos más graves: enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión. Las nuevas medidas solicitadas y ordenadas por Martínez de Giorgi, cuando estaba a punto de iniciar una licencia de algo más de dos semanas van en esa dirección. La lista incluye pedidos de informes a organismos públicos (entre ellos la propia ARCA), entidades privadas, bancos extranjeros (vía exhorto internacional) y la Embajada de Estados Unidos, entre otros.

En Miami y Panamá

“Los elementos colectados a lo largo de la investigación lucen concordantes y suficientes como para concluir que Vázquez es el titular de las sociedades ‘Alcorta Corp.’, ‘Pompeya Group. Corp.’ y ‘Galanthus Capital Limited’, medios jurídicos que utilizó para canalizar y registrar bienes que usufructuaba junto a su familia”, dice el dictamen de Rodríguez, al que accedió Página/12. “… de la abrumadora prueba recolectada se desprende claramente que el encausado Vázquez ejercía el animus domini (la propiedad efectiva) de los bienes que esas empresas poseen. Se encuentra en los registros como referente y su familia usufructúa los bienes y sociedades”, agrega. “En sus juradas ante la OA (tanto la DDJJ integral como en los anexos reservados) y ARCA –sigue–, Vázquez omitió declarar no solo los bienes adquiridos en Estados Unidos sino también su participación” en esas sociedades “creadas para tal fin”.

La trama de inmuebles y sociedades en Estados Unidos fue revelada ya en 2024 por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación. Luego se acumularon diversas denuncias, que en Comodoro Py manejan el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Marijúan. Hubo una investigación anterior, en 2007, cuando Vázquez era funcionario de la entonces AFIP porque su nombre figuraba en un listado de personas que habrían movido fondos en negro a través de una cueva del BNP Paribas en Buenos Aires. El aparecía asociado a cuentas en Curazao y Luxemburgo. Fue sobreseído en 2022 por la falta de respuesta de las autoridades extranjeras, pero no había datos ahí sobre sus bienes sociedades en Estados Unidos.

• El 9 de enero de 2013, la firma panameña “Alcorta Corp.” adquirió la unidad 3504 del complejo de alta categoría “Icon Brickell”, ubicado en el número 495 de la avenida Brickell, de la ciudad de Miami por 710.000 dólares.
• Un día después, compró otro departamento: la unidad 2811 en la misma avenida, en la misma avenida pero con el número 1060 por 350.000 dólares, aunque según fuentes abiertas consultadas por la PIA la compra fue por 400.000.
• En 2015 “Pompeya Group Corp.”, también panameña, compró la suite 904 del condominio “Chateau Beach Residences”, la avenida Collins 17.475 en Sunny Isles, por 980.000 dólares.

Las dos sociedades panameñas tienen como autoridades, desde 2021 a las hijas de Vázquez, Milagro y María Eva y a la empresa “Galanthus Capital Limited”, creada en las Islas Vírgenes. La PIA señala que Andrés Vázquez sería el beneficiario final. Ante el bufete de abogados que hizo los trámites, Trident Trust, asentó que el objetivo de la firma era la compra de inmuebles en Miami. Como domicilio figuraba su domicilio en la calle Julieta Lanteri en Puerto Madero, su mail y su pasaporte argentino. El estudio lo calificó como Políticamente Expuesta. Según el Registro Público de Panamá, “Galanthus” es controlante de “Alcorta Corp.” y “Pompeya”. Los nombres de estas sociedades guardarían relación, dice Rodríguez, con el equipo de fútbol Huracán, del que Vázquez sería seguidor (Alcorta es la avenida sobre la que está el estadio) y Pompeya es el barrio.

Para más datos que vinculan a Vázquez con los inmuebles se detectó que su nombre aparece como quien paga impuestos inmobiliarios, su domicilio aparece asociado a las operaciones de “Alcorta” y a él y su exesposa les mandaron un cheque de reembolso por devolución de impuestos. Las hijas viven en el condominio “Chateu Beach”, construido por el mismo grupo que hizo “Chateu” de Puerto Madero, domicilio de Vázquez y su exesposa mientras fueron pareja.

Según plantea la PIA la red de sociedades utilizada “se trataría de una clara maniobra de ‘sociedades pantalla’, que agregan capas y distancian los bienes de los verdaderos dueños, quienes en definitiva utilizan esos activos sin declararlos formalmente como propios”.

Números que no cierran

Cuando compró los dos primeros departamentos en Miami, Vázquez declaraba disponibilidades por 151.251,93 pesos depositados en cuentas bancarias en Argentina (Banco Patagonia, ICBC y Banco de la Nación Argentina), 50.000 pesos en efectivo y un total 9.607 dólares en cuentas bancarias en Miami, en el Bank of America. En dólares, el total de liquidez daba, según la PIA, 40.349,26 dólares. Para el período fiscal del año siguiente, 2013, declaraba 205.835,46 pesos en Argentina (Citibank, Banco de la Nación Argentina, ICBC y Patagonia) y 8.904,10 dólares en dos cuentas en el Bank of America (Miami) y 3.632,18 dólares en el banco PNC de Emiratos Árabes Unidos. El total daba 44.057,79 dólares.

“Del cotejo entre las disponibilidades financieras declaradas en los períodos fiscales 2012 y 2013, ingresos declarados por alquileres, salarios y dividendos, y el valor de adquisición de los dos inmuebles ubicados en Avenida Brickell —operación concretada en enero de 2013 por un monto aproximado de USD1.100.000— se advierte, como fruto de este análisis preliminar de lo recopilado hasta el momento, una manifiesta desproporción patrimonial, no registrándose capacidad económica suficiente que permita justificar el origen de los fondos aplicados a dicha adquisición”, advirtió la PIA.

Según Rodríguez tampoco tenía capacidad para adquirir en 2015 la propiedade Chateau Beach por casi un millón de dólares, cuando tenía 250.000 pesos en bancos argentinos, 700.000 pesos en efetivo y un total de 14.813 dólares en Estados Unidos.

El 6 de diciembre de 2018 compró un inmueble en Juana Manso 1124, en el edificio Los Molinos Building, emprendimiento de “Faena Properties” diseñado por el estudio Mc Cormack y Asociados, a un valor declarado de 8.720.000, equivalente (equivalentes a 225.906,74 dólares). Tiene 318,47 metros cuadrados y Vázquez lo compró a la empresa Acontec SRL, que lo había adquirido en 2015, bastante más caro: 777.518,56 dólares. Es decir, la empresa habría tenido una gran pérdida con la operación. El valor promedio en 2019 del metro cuadrado en esa zona era de 6.583 dólares. Para 2018, según Rodríguez, el inmueble habría tenido un valor cercano a los 2 millones de dólares. Todo esto sería una forma de “encubrir el origen y/o destino de fondos”.

La pantalla argentina

En octubre de 2010 Vázquez había comprado la mitad del departamento en la calle Julieta Lanteri al 1300 y la otra mitad fue para su pareja y madre de las hijas, con dinero que él dijo que le donó. Fue escriturado a 335.000, pero según la PIA su valor real sería de 742.000. ¿Cómo lo hizo? Fue con un supuesto préstamo. De la Consultora San Andrés. Resulta que esa consultora es una sociedad que no tiene empleados, de la que Vázquez es el principal accionista, está en un inmueble del mismo Vázquez por el que éste se paga a sí mismo un alquiler. La sociedad tiene supuestas facturaciones a Casino de Buenos Aires (firma a la que él mismo habría representado en una inspección). Rodríguez pone en duda, por lo pronto, que haya existido el préstamo y recuerda que para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la financiación por medio de autopréstamos (de dinero proveniente de algún delito) es un indicador de posible lavado de activos o financiación del terrorismo en el sector inmobiliario.

La consultora también fue utilizada para comprar cinco autos entre 2010 y 2015: dos Volkswagen Vento 2.0, un BMW X& 3.0 blindado, un MINi Cooper y una Ford Ecosport Titanium, otra forma de buscar ocultar incrementos patrimoniales sin respaldo.

Nuevas medidas

La PIA reclamó medidas –llamó la atención sobre la demora—y pidió otras nuevas para entender los movimientos patrimoniales y el nivel de vida de Vázquez. A algunos organismos públicos: ARCA sobre la consultora San Andrés ya que se busca establecer si prestó servicios (en especial requiere la facturación); al Colegio de Escribanos (sobre profesionales que intervinieron en operaciones inmobiliarias de Vázquez), al Registro de la Propiedad Automotor, la Agencia de Materiales Controlados, al Banco Central sobre las operaciones, entre otras. También pide exhortos internacionales para obtener informes, en el caso de Estados Unidos, de las Entidades Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo Bank, a la embajada de ese país se le pide información y a las autoridades de las Islas Vírgenes.

“En conjunto, los elementos reseñados permiten hacer una prospección dentro de la cual se encuentra la posible existencia de un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario”, concluyó Rodríguez.

Habrá que ver si avanzan las medidas de prueba y si el juez decide o no la indagatoria de este funcionario que, todo indica, habría realizado una gran cantidad de manejos que debería controlar.