En el marco del expediente donde se condenó por daño ambiental a la empresa Atanor, el próximo viernes se realizará una inspección judicial por parte de los integrantes de la “Mesa de Gestión Ambiental”, comité creado por la jueza Luciana Díaz Bancalari, a cargo de la causa. El comité está dirigido por Homero Máximo Bibiloni, especialista en Derecho Administrativo y Ambiental y Coordinador de la Licenciatura en Gestión Ambiental de UNAJ, acompañado por Jorge Etcharran, Magister en Políticas Ambientales y Territoriales, entre otros destacados profesionales.
Diaz Bancalari ya adelantó que concurrirá personalmente a la diligencia judicial. Citó a la inspección a representantes del Ministerio de Ambiente de la Provincia, a funcionarios de la Autoridad del Agua y ordenó la presencia del secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Nicolás, Matías Grams, del subsecretario de control, Oscar Osvaldo Rodríguez y a la ingeniera Ambiental, Camila Fernández.
Luego de la inspección a la planta de Atanor, la “Mesa de Gestión Ambiental” y la magistrada decidirán sobre los pasos a seguir en torno a al conflicto ambiental que lleva décadas sin solución efectiva.
Atanor está clausurada por la Justicia desde la explosión ocurrida el 20 de marzo pasado y porque también le pesa una sentencia anterior en la que, la misma Diaz Bancalari, había comprobado que la empresa funcionaba ilegalmente y ordenó una serie de medidas que la empresa no cumplió. Fue en ese escenario de incumplimiento e ilegalidad que Atanor protagonizó la grave explosión que afectó a los barrios linderos y al Río Paraná, por la cual la jueza ordenó “la suspensión de toda actividad industrial” hasta tanto cumpla con los requisitos legales correspondientes.
Atanor sigue parada porque, hasta la fecha, no cuenta con los permisos que la ley exige para desarrollar su actividad: el Certificado de Aptitud Ambiental y el Permiso de Vuelco de Efluentes Líquidos Industriales, requisitos mínimos exigidos para que este tipo de industrias puedan estar habilitadas.
Recordemos además que la empresa Atanor ha sido protagonista de varios hechos de contaminación ambiental en nuestra ciudad, y de accidentes laborales con consecuencias para sus trabajadores.
Retiros voluntarios
En tanto, la empresa Atanor ha decidido habilitar un registro de salida voluntaria para los 150 trabajadores que se encuentran suspendidos desde el pasado 14 de mayo. El período de suspensiones finalizará este domingo, en medio de un clima de incertidumbre y angustia para las familias afectadas.
La producción de Atanor está paralizada desde el 20 de marzo, fecha en que la jueza Luciana Díaz Bancalari, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 3 de San Nicolás, impuso una medida cautelar tras una solicitud presentada por la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná. La organización demandó la interrupción de las operaciones de la planta, alegando preocupaciones sobre el impacto ambiental y la seguridad de los procesos industriales.
El plan de suspensiones, que tiene vigencia hasta el 11 de agosto, fue implementado con la esperanza de que en estos tres meses la jueza Bancalari autorizara la reanudación de las operaciones o, al menos, la de los sectores no involucrados en las denuncias ambientales.