En las últimas horas se conoció que fueron admitidas las apelaciones de nueve de los imputados en la causa por el fentanilo contaminado que habría provocado la muerte de más de cien personas. El pasado 25 de septiembre, el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N.° 3 de La Plata, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Ariel García Furfaro, señalado como principal responsable, y dictó embargos que ascienden a más de mil millones de pesos.
También dispuso procesamientos, con y sin prisión preventiva, sobre una docena de imputados. El Juzgado admitió los recursos contra esas decisiones para que la Cámara Federal de La Plata las examine. Los apelantes admitidos en ese pronunciamiento fueron José Antonio Maiorano, María Verónica García, Rocío del Cielo Garay, Nilda Furfaro, Edgardo Sclafani, Adriana Iúdica, Eduardo Darchuk y las nicoleñas Carolina Ansaldi (representada por los defensores Gabriel Palmeiro y Martín Villa) y Daiana Astudillo por el abogado particular Agustín Tanús.
El letrado Agustín Tanús, en defensa de Arzolidys Dayana Astudillo, pidió que se revoque el procesamiento, se dicte su sobreseimiento o, subsidiariamente, la falta de mérito. El abogado insistió en que la mujer, de origen venezolano, domiciliada en San Nicolás, que se desempeñaba como jefa de Garantía de Calidad en Laboratorios Ramallo, no tuvo participación en decisiones relativas a la fabricación y liberación de los lotes 31202 y 31244 de fentanilo, cuya distribución posterior derivó en los gravísimos hechos investigados. Pone el acento en que solo existe una firma de Astudillo en un protocolo general estampada en junio de 2023, un año y medio antes de la producción de los lotes de fentanilo cuestionados. Refiere también que esa firma se colocó de manera meramente formal, en reemplazo de su superiora, la gerenta de Gestión de Calidad, que se encontraba de licencia.