La Justicia condenó a Walter Gulías, Héctor Páez y Paula D’Adamo por una millonaria defraudación financiera con decenas de damnificados.
En juicio abreviado, la Justicia encontró culpables a Walter Gulías, Héctor Páez y Paula D’Adamo en el marco de la causa que desde 2019 investigó una multimillonaria defraudación financiera, con decenas de víctimas.
Se les impusieron condenas de cumplimiento efectivo con estadías en prisión de 4 años y 11 meses para Gulías, 4 años y 10 meses para D’Adamo y 3 años y 6 meses para Páez. Los tres imputados, ahora condenados, venían cumpliendo prisiones preventivas domiciliarias.
El fallo dispuso además el decomiso de todos los bienes de los condenados y habilitó la vía civil para la instrucción de los reclamos económicos que puedan impulsar los damnificados.
En una extensa sentencia de más de 150 páginas el magistrado Sebastián Zubiri dictó sentencia en juicio abreviado contra Walter Gulías, Paula D´Adamo y Héctor Páez en calidad de coautores por administración fraudulenta. La compleja causa que inició con más de cien denuncias y que finalmente se sustentó en 79 culminó con los tres imputados condenados a penas de prisión efectiva, el decomiso de bienes y la posibilidad de reclamación por vía civil.
Respecto de Walter Rubén Gulías fue hallado responsable penalmente como coautor del delito de administración fraudulenta y estafa (4 hechos) en concurso real, a la pena de cuatro años y once meses de prisión. En cuanto a la contadora Paula Cristina D´Adamo el magistrado a cargo del Juzgado Correccional N°1 la condenó por el delito de administración fraudulenta y estafa (2 hechos) en concurso real a cuatro años y diez meses. Héctor Roberto Páez fue sentenciado por administración fraudulenta a tres años y seis meses. En todos los casos de efectivo cumplimiento más accesorias legales y las costas del juicio. Además, se ordenó el decomiso de todos los efectos secuestrados que se encuentran en custodia de la Fiscalía.
Fuentes judiciales informaron extraoficialmente que la causa fue muy compleja, de difícil probanza y que fue fundamental el aporte de la Unidad de Delitos Económicos de la Procuración General que sumó su labor al de la UFI N°14 a cargo del fiscal Patricio Múgica Díaz. El fallo que cuenta con 164 páginas es considerado novedoso, justamente por su complejidad, y por ser ejemplificador. Se determinó que en este caso la estructura financiera no había sido creada, en principios como instrumento fraudulento, lo que mutó posteriormente luego de los primeros incumplimientos. La pena a la que se arribó también fue considerada satisfactoria atento a que la ley prescribe penas bajas para este tipo de delitos.
El fallo destacó que “ ha quedado acreditado que las tres personas actuaron de manera coordinada -con la finalidad de obtener un lucro indebido- defraudando el interés pecuniario que les fuera confiado para la administración de los fondos recibidos a través de varios actos jurídicos -tales como contratos de mutuos o simples préstamos informales, perjudicando a por lo menos setenta y nueve (79) personas que sufrieron un grave perjuicio económico discernible al verse impedidos de recuperar el patrimonio confiado, por una cantidad equivalente a por lo menos la suma de diez millones cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y un pesos ($ 10.054.671), y en moneda extranjera quinientos sesenta mil novecientos ochenta y cinco dólares estadounidenses (U$D 560.985).