Las advertencias sobre un posible conflicto armado en el Caribe se intensificaron este jueves luego de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaran la destrucción de otra lancha en aguas internacionales del Pacífico oriental, en el marco de la creciente ofensiva de Washington sobre Venezuela. Según el Comando Sur, el ataque dejó cuatro personas muertas, que navegaban una supuesta “ruta conocida” del narcotráfico, en medio de cuestionamientos legales en el Senado estadounidense y las denuncias de Caracas ante organismos internacionales.

La operación se realizó en aguas internacionales, en el marco del operativo “Lanza del Sur”, una campaña militar impulsada por la administración de Donald Trump desde septiembre, bajo el pretexto de “combatir el narcotráfico” en la región. La orden, según fuentes oficiales, fue impartida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien supervisa el despliegue militar en la región.

“Estrategia de presión máxima”

El Pentágono difundió un video del ataque en el que se observa a la embarcación impactada desde el aire mientras se encontraba en movimiento. En las imágenes no se distinguen armas ni cargas ilegales, un punto que volvió a generar interrogantes sobre los criterios utilizados para autorizar los ataques y sobre la ausencia de información pública acerca de la inteligencia con la que se justifican los bombardeos y la identidad de las víctimas. El gobierno estadounidense tampoco difundió pruebas verificables que respalden las acusaciones ni precisó si las personas atacadas contaban con antecedentes judiciales, lo que alimentó cuestionamientos de organismos de derechos humanos y de sectores del Congreso.

Con este nuevo episodio, ya son más de 25 las lanchas destruidas en el marco de la campaña y al menos 99 las personas muertas, todas ellas señaladas por Washington como integrantes de “redes de narcoterrorismo”. La administración de Trump incluyó a estos grupos en su lista de organizaciones terroristas y los vinculó con el presunto “Cartel de los Soles”, una estructura cuyo liderazgo atribuye al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El operativo se inscribe en una estrategia más amplia de presión sobre Venezuela, que combina acciones militares, sanciones económicas y un discurso político cada vez más confrontativo. Desde la Casa Blanca, funcionarios insisten en que el despliegue tiene como único objetivo frenar el narcotráfico en rutas marítimas clave, aunque Caracas sostiene que se trata de una cobertura para justificar una política de hostigamiento y asfixia económica.

El nuevo ataque se produjo pocas horas antes de que Donald Trump realizara un anuncio desde Washington en el que volvió a acusar a Venezuela de haber “robado” petróleo y activos estadounidenses. En el mensaje, anunció lo que definió como un “bloqueo total y completo” contra los petroleros vinculados a Venezuela, una decisión que profundiza el despliegue militar iniciado en agosto en el Caribe. Según Washington, la medida busca impedir que el país sudamericano utilice el comercio de crudo para financiar actividades ilícitas, una acusación que el gobierno de Maduro rechaza de manera sistemática.

“El país está rodeado por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”, escribió Trump en su red Truth Social, donde también aseguró que la presión se mantendrá hasta que Venezuela “devuelva” los activos que fueron “sustraídos ilegalmente” a Estados Unidos, según su versión. Luego intentó bajar el tono al afirmar que se trata “solo de un bloqueo” y que no existe una declaración formal de guerra.

Desde Caracas, sin embargo, la respuesta fue inmediata. La Cancillería venezolana solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar lo que calificó como una “agresión abierta y criminal” por parte de Estados Unidos y reclamar el restablecimiento de la legalidad internacional. Fuentes diplomáticas confirmaron que el encuentro se realizará la próxima semana en Nueva York.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Exteriores venezolano calificó las declaraciones de Trump como un “delirio” y sostuvo que Washington viola de manera “impune” la soberanía, la integridad territorial y la independencia política del país. Caracas también denunció la incautación de un buque petrolero que fue remolcado a un puerto estadounidense, una operación que describió como “piratería” y “robo de Estado”, parte de una estrategia de presión máxima orientada a provocar el colapso económico y social del país.

Pese al endurecimiento del bloqueo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que la industria petrolera mantiene su funcionamiento. Tras una reunión con autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y de la estatal PDVSA este jueves, afirmó que las exportaciones de crudo “se desarrollan con normalidad” y que los buques continúan operando con respaldo técnico y logístico.

Condena

La escalada comenzó a generar reacciones en el Senado estadounidense, donde un grupo de senadores demócratas presentó un pedido formal de informes al Pentágono y al Departamento de Estado para que expliquen el marco legal de los ataques, bajo la advertencia de que las operaciones podrían violar el derecho internacional y derivar en responsabilidades legales para Estados Unidos. Paralelamente, el Senado aprobó una ley de política de defensa que incluye una disposición para exigir al Pentágono la divulgación de los videos completos de algunos de los ataques a lanchas.

La tensión también se hizo evidente en el plano internacional. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció impulsar una solución pacífica con participación regional y multilateral. La mandataria señaló que existen mecanismos institucionales dentro del sistema de Naciones Unidas para encauzar el conflicto sin recurrir al uso de la fuerza, aunque reafirmó el principio de no intervención como eje de la política exterior mexicana.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró su disposición a actuar como mediador entre Washington y Caracas y expresó su “preocupación” por el aumento de las tensiones. Lula confirmó que mantuvo contactos con ambas partes y sostuvo que América Latina debe preservarse como una zona de paz.

El propio presidente Maduro calificó las declaraciones de Trump como “guerreristas” y sostuvo que un gobierno impuesto desde el exterior “no duraría ni 47 horas” en Venezuela. También informó que mantuvo una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, a quien alertó sobre el riesgo de una escalada militar con consecuencias imprevisibles para la región.