El expediente se encamina hacia definiciones de fondo que pueden convertir el caso en el proceso penal sanitario más grave de la historia argentina. Aunque la causa investiga 173 muertes, los procesamientos actuales les atribuyen 20 fallecimientos concretos, en función de la evidencia disponible al momento de la resolución. Entre los procesados se encuentra la farmacéutica nicoleña Carolina Ansaldi, con prisión domiciliaria. También una persona de nacionalidad venezolana pero radicada en San Nicolás, Daiana Astudillo. Si la Cámara confirma la calificación propuesta por Kreplak, los imputados podrían enfrentar penas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva.
Con el fin de la feria judicial de verano, la investigación por el fentanilo contaminado que podría estar vinculado a la muerte de 173 pacientes internados en hospitales y clínicas de todo el país entra en una fase crítica, en la que la Cámara Federal de La Plata deberá resolver sobre 14 procesamientos, dos pedidos de prisión domiciliaria y el alcance de las responsabilidades penales de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, mientras avanza una línea paralela sobre el rol del Estado y la debilidad de los controles regulatorios.
El expediente, que tramita en el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak, deja atrás una etapa centrada en la recolección pericial y se encamina hacia definiciones de fondo que pueden convertir el caso en el proceso penal sanitario más grave de la historia argentina, o bien empantanarlo en una prolongada disputa procesal.
El principal foco de atención tras la feria será la decisión de la Cámara Federal de La Plata sobre los procesamientos dictados por Kreplak contra 14 directivos y responsables de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, señalados como fabricantes y distribuidores del fentanilo adulterado. Aunque la causa investiga 173 muertes, los procesamientos actuales les atribuyen 20 fallecimientos concretos, en función de la evidencia disponible al momento de la resolución.
Dentro de los involucrados se encuentran dos mujeres radicadas en San Nicolás que se desempeñaban en Laboratorios Ramallo: Carolina Ansaldi y Daiana Astudillo. Ansaldi es representada por los defensores Gabriel Palmeiro y Martín Villa. Astudillo, en tanto, tiene como abogado defensor a Agustín Tanús.
Las defensas de las personas procesadas apelaron la decisión y cuestionan la calificación legal, la aplicación del dolo eventual y el nexo causal entre el medicamento contaminado y los decesos. En paralelo, nuevas pericias del Cuerpo Médico Forense ya elevaron a 52 las muertes vinculadas al fentanilo de HLB Pharma, sobre un total de 77 historias clínicas peritadas de las 173 investigadas, una cifra que podría seguir aumentando a medida que se analicen los casos restantes.
La Cámara deberá decidir si confirma, modifica o revoca los procesamientos. Una confirmación consolidaría la hipótesis central de Kreplak: que existió una adulteración dolosa de sustancias medicinales, en un contexto de incumplimientos sistemáticos de normas de fabricación y conocimiento del riesgo sanitario. Un cambio de criterio obligaría a reordenar el expediente y podría demorar su eventual elevación a juicio oral.
Prisiones domiciliarias
Otro eje sensible es el de las medidas de detención. El juez Kreplak ya rechazó los pedidos de prisión domiciliaria de Diego García —hermano de Ariel García, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo— y de Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura, quienes habían alegado problemas de salud y situaciones familiares graves.
Ahora será la Cámara Federal la que defina si confirma ese criterio o concede el beneficio, en una causa donde se investigan 173 muertes y cualquier flexibilización será observada “con lupa” por familiares de las víctimas y la opinión pública. En paralelo, la causa registró un movimiento relevante en el plano político‑judicial: Diego García volvió a cambiar de abogados defensores. Tras la renuncia de Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta, el imputado designó a Diego Storto y Elizabeth Nancy Lires, penalistas especializados en la defensa de acusados de alto perfil, conocidos por representar en 2006 al uruguayo Mario Vitette Sellanes, sindicado como cerebro del “Robo del Siglo”, caso en el que diseñaron la estrategia que derivó en su expulsión del país.
Si la Cámara confirma la calificación propuesta por Kreplak, los imputados podrían enfrentar penas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva por adulteración dolosa de medicamentos con resultado de muerte, una de las figuras más graves previstas en el Código Penal.