Luego de 24 horas de iniciado el reclamo, este martes por la noche continuaban las protestas policiales frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. La situación comenzó el lunes, cuando un grupo de agentes que reclamaba mejores condiciones salariales fue desalojado por el jefe de la Policía provincial. Por el hecho, el gobierno decidió pasar a disponibilidad a 20 oficiales que “promovieron acciones violentas” y la Fiscalía investiga posibles delitos por incumplimiento de deberes de funcionario público. “Quieren golpear una política de seguridad que es exitosa”, apuntó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni el martes por la mañana. Luego de una reunión fallida, los policías denunciaron una “falta de predisposición de parte del gobierno”. Por la noche, desde el Ministerio de Seguridad refirieron dificultades para llegar a un acuerdo. “No tenemos una interlocución clara con los manifestantes”, señaló Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información. El reclamo expone el descontento de las fuerzas policiales con el gobierno santafesino, que hizo de las políticas de seguridad una de las banderas de su gestión.
El suicidio del oficial Oscar “Chimi” Valdéz, en el predio de la Jefatura de Policía de Rosario la semana pasada, encendió un reclamo respecto a las condiciones de trabajo de la policía provincial. La situación escaló en distintas ciudades y llevó al gobierno a anunciar la creación de un plus para el personal de calle y una serie de beneficios vinculados a transporte, alojamiento y tratamientos de salud mental. Pero el anuncio dejó afuera de los beneficios a algunos sectores de la policía, como los agentes retirados, los pasados a disponibilidad y administrativos.
En ese marco, un grupo de oficiales se acercó el lunes por la noche frente a la Jefatura de Ovidio Lagos al 5200, en una acción que definieron como “pacífica”. Allí se vivieron momentos de tensión con el jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado, que ordenó desalojar la calle. Los manifestantes denunciaron una “represión” que derivó en una paralización de la actividad por parte de distintos agentes que se solidarizaron con la situación. Los patrulleros estacionados sobre la calle, con las sirenas sonando durante horas, fueron la postal de la jornada.
“El conflicto ha tomado una escala que no queríamos. Veníamos realizando un reclamo pacífico, hasta que ocurrió un hecho desafortunado: el señor Maldonado, en un momento de locura, decidió reprimir a los propios compañeros y sus familiares”, describió Gabriel Sarla, un abogado que oficia de vocero sobre los policías que reclaman. “Una señora embarazada recibió gas pimienta en la cara. Eso desató el conflicto y que los propios policías vengan a defender a sus familiares”, dijo en las primeras horas del martes.
Según Sarla –que también es exagente de policía y fue candidato a intendente de Rosario en la interna de Unidos en 2023– el reclamo inicial se vinculaba a “demandas de atención psicológica”, pero se profundizó cuando los anuncios salariales excluyeron a parte del cuerpo policial: “Lo que se dio fue un plus no remunerativo, se les está pagando en negro. Lo que se está pidiendo es un incremento en el sueldo que afecte a la totalidad de la policía y no solo a una parte. Salieron con un paquete de medidas tratando de calmar la situación, pero lo que intentan es dividir a la policía”.
Respuesta oficial
Después de una madrugada tensa, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia convocaron a una conferencia de prensa, en la sede de Gobierno de Rosario. Allí Cococcioni confirmó el desplazamiento de 20 policías involucrados con la protesta. “Sobre un reclamo que juzgamos legítimo se fueron montando determinados grupos que, a partir de intereses particulares y sectoriales, realizaron acciones violentas y antijurídicas”, dijo el funcionario. “Detectamos gente allegada a sectores desplazados de la Policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a graves delitos de corrupción cuyos perpetradores hoy están privados de libertad. Utilizar a la institución policial para minar la política de seguridad que tanto trabajo costó es cruzar una línea”, añadió.
Según Cococcioni, los policías fueron desplazados por haber intentado impedir la salida de los móviles desde la Jefatura, e incurrir “en abandono de servicios” paralizando los patrulleros, que quedaron estacionados sobre Ovidio Lagos. “Que 20 patrulleros abandonen su servicio en plena jornada objetivamente eleva los niveles de riesgo. Me atrevería a decir que les acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado por ese incumplimiento”, sostuvo y agregó: “Se puede dialogar cómo mejorar las condiciones de trabajo. Pero estas acciones ilícitas entendemos que quieren golpear una política de seguridad que es exitosa”.
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron el inicio de una investigación penal contra los oficiales desplazados “ante la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
La reunión que no fue
En las primeras horas de la tarde corrió la versión de una presunta reunión en Gobernación. Los manifestantes aseguran que hubo una convocatoria a la que asistieron, pero cuando llegaron al lugar no fueron recibidos. “El ministro estaba ocupado y no nos pudo atender. Hablamos con la secretaria”, dijo Sarla ante la consulta de los medios. Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a Rosario/12 que no hubo una convocatoria formal, pero sí existió “un diálogo constante” para intentar resolver la situación. El encuentro fallido recrudeció el reclamo: para las cinco de la tarde, los patrulleros colocados frente a la Jefatura volvieron a cortar la calle.
A las 20 horas, el Ministerio de Seguridad convocó a una nueva conferencia de prensa, donde Santantino refirió las complejidades del caso. “No tenemos una interlocución clara con los manifestantes”, expresó y agregó: “Es muy difícil cuando no hay una claridad conceptual sobre qué es lo que se está reclamando, quién es el vocero y en nombre de quiénes habla”. Así todo, aseguró que el diálogo sigue abierto y remarcó que la “operatividad policial” estaba garantizada durante la noche.
El reclamo expone el descontento de las fuerzas policiales e impacta de lleno en la política de seguridad, donde el gobierno destaca la baja de homicidios como una de las banderas de su gestión. Al cierre de esta nota, continuaba el reclamo frente a la Jefatura de Rosario.