El Legislativo de Bolivia, la Iglesia católica y otros mediadores convocaron este sábado a un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los sectores que exigen la renuncia del mandatario con bloqueos de carreteras iniciados hace 25 días que ocasionaron el desabastecimiento de alimentos y combustible.

La convocatoria fue emitida por la oficina del vicepresidente del país y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, en coordinación con la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, para dialogar este domingo en la tarde en el Seminario San Jerónimo, en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

La invitación señala que “se espera la participación del presidente del país, Rodrigo Paz; la Central Obrera Boliviana (COB)”, la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’, la Federación Departamental de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y otras organizaciones involucradas en las protestas.

“Bolivia atraviesa momentos que exigen responsabilidad, desprendimiento y compromiso con la paz. La ausencia de diálogo solo profundiza las diferencias y posterga las soluciones que demanda el pueblo boliviano”, agrega el comunicado.

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo y otros dirigentes sindicales fueron acusados de supuesto terrorismo e instigación pública a delinquir, a raíz de las protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y el saqueo de oficinas públicas y privadas en La Paz.

La comisión de diálogo se reunió el miércoles y jueves con dos ministros, pero no asistió ningún representante de la COB, ni de los sindicatos campesinos, que exigían anular las órdenes de captura contra sus dirigentes, lo que ocurrió el viernes por orden de un juzgado de La Paz.

La COB tenía previsto definir este sábado su asistencia al diálogo, pero luego informó en un comunicado sobre la suspensión del encuentro por “razones de seguridad”, sin dar por ahora una nueva fecha.

Los dirigentes campesinos dejaron la decisión en manos de sus “bases”, mientras que los sectores más radicales, como los seguidores de Morales, rechazan cualquier negociación e insisten en la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.

La Paz y la vecina ciudad de El Alto son las más golpeadas por los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo, que provocaron un problema de desabastecimiento de alimentos, cuyos precios se dispararon, además de la falta de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.

El Ministerio de Salud logró distribuir 486 cilindros de oxígeno medicinal a diez hospitales de La Paz y El Alto durante el viernes, pero advirtió que es una medida “de carácter paliativo” e insistió en pedir a los manifestantes que permitan el paso de los camiones que trasladan ese insumo.

Los cortes de rutas se extendieron desde la semana pasada a las regiones de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz y este sábado superan los 90 en todo el país, según un reporte de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“Solución de corto aliento”

El economista boliviano Gonzalo Chávez, Profesor de la Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana, afirmó en conversación con Página/12 que el Gobierno está intentando retomar la iniciativa política a través del diálogo con distintos sectores de la sociedad, pero advirtió que cualquier medida será limitada. El analista explicó: “Esta semana las cosas están yendo a algún tipo de resolución, que no sé exactamente cómo podría ser. De todas maneras va a ser una solución preliminar o de corto aliento, porque el problema estructural que estamos viviendo es mucho más complejo”.

“Aquí está ocurriendo un tema de desgaste de un modelo económico-político que duró 20 años, con una narrativa nacionalista e indigenista, pero que también se basaba en los recursos naturales, sobre todo el gas y la minería. Este modelo creó unos ecosistemas económicos y políticos muy fuertes vinculados al sindicalismo boliviano”, detalló Chávez.

El presidente Paz impulsó durante los últimos días el diálogo multisectorial a partir del Consejo Económico y Social (CES). Sin embargo, el economista señaló que este espacio, donde participan empresarios, políticos y regiones, no está exento de dificultades. “Le permite al Gobierno construir una narrativa de que está escuchando y concertando. En el corto plazo es una jugada política, pero no sé si es sostenible como mecanismo de concertación y de pacto» explicó Chávez.

A su vez, el economista mencionó que las dificultades no solo surgen de los intereses contrapuestos de cada sector, sino también de los mecanismos para implementar las decisiones que eventualmente se alcancen. “Todavía no hay una agenda común, cada organización quiere una cosa diferente. ¿Cuál va a ser el aspecto vinculante? Si llegan a un acuerdo, el gobierno podría implementar la decisión del Consejo con un decreto supremo. Sin embargo, muchas de las reformas que se necesitan y pasan por la Asamblea necesitan leyes» aseveró Chávez.

Sobre el alcance político que podría adquirir la Asamblea, el economista sostuvo: “En otros lugares, estos conceptos económicos y sociales tienen un aspecto más técnico o de coordinación, pero aquí le están dando un aspecto más de orden político. Algunos dicen que a partir de esto se va a generar un cogobierno, pero sería una Asamblea que no ha sido votada, más corporativa”.

A pesar de los esfuerzos de diálogo, el analista sostuvo que los sectores más radicalizados optan por mantenerse al margen porque no consideran que esa instancia represente sus intereses. “Yo creo que ellos no consideran que sea el espacio, porque van a tener que compartir la lucha por el poder con otros seiscientos grupos, que son de diferente índole, tal vez no tienen tanto peso político, pero son importantes también”.

Medidas desesperadas

En diálogo con Página/12, el abogado especializado en Geopolítica y Comunicación Política, Gabriel Villalba, director del Centro de Estudios Nuestroamericano (CENAC), criticó el accionar del Gobierno y sus respuestas ante el descontento social. El analista manifestó: “La crisis no es política únicamente es socio económica. Mientras el Gobierno no entiende la realidad social no puede solucionar ninguna demanda. Es un Gobierno extraviado de la realidad del pueblo. Toda medida gubernamental a estas alturas se nota como desesperada e improvisada”.

A su vez, Villalba destacó que el Gobierno “ha planteado sólo dos salidas de la crisis: la primera culpar al extinto MAS y a Evo Morales de todos los conflictos en el país (con su amplio aparato de medios paraestatales) y la segunda responder a los sectores movilizados con represión, gasificación, deshumanización y ataques”.

En este sentido, el abogado manifestó su preocupación por la derogación de la ley que regulaba los Estados de excepción. “¿Por qué se promulgó la Ley de Declaratoria de Estados de Excepción? Porque justamente Jeanine Añez mediante el Decreto 4078 exoneró de cualquier responsabilidad penal a policías y militares en las masacres sangrientas de Sacaba y Senkata. Para que nunca vuelva a pasar eso existía la ley” señaló.

“Paz ahora tiene a libre discrecionalidad y criterio la instauración de Estados de Excepción y toda la población se queda sin el marco normativo que limite esta clase de contingencias sociales que pueden transgredir por demás los derechos fundamentales y garantías constitucionales” añadió Villalba.