En El Salvador, los familiares de los detenidos bajo el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele no tienen información oficial sobre su paradero. Desde marzo de 2022, que el mandatario impulsó esta medida que lo ha catapultado a nivel internacional, más de 91 mil personas han sido detenidas acusadas de pertenecer a pandillas. Además de que el Estado no brinda información sobre los lugares y las condiciones de reclusión en las que están, los acusados son juzgados sin derecho a la debida defensa, en juicios masivos y por jueces anónimos.

Ante la negligencia de no garantizarles un proceso apegado a derecho y debido a las múltiples denuncias de violaciones sistemáticas a derechos humanos que ocurren en el país centroamericano, que incluyen muertes con signos de tortura dentro de las cárceles, decenas de madres han comenzado a organizarse en el colectivo Madres por la Libertad.

En el colectivo hay al menos 60 madres salvadoreñas que exigen públicamente que las autoridades les den información sobre sus hijos, hijas o esposos detenidos. Lo hacen en medio de un contexto represivo y bajo un Estado en el que ningún ciudadano cuenta con derechos constitucionales. A mediados del año pasado, una encuesta de la Universidad José Simeón Cañas señaló que de 10 salvadoreños, seis tienen miedo de ir presos por expresar opiniones en contra del gobierno.

El caso testigo de Merlon Urías

“Necesitamos unirnos para ver qué es lo que humanamente posible podemos hacer, cuáles puertas podemos tocar, para que el gobierno nos escuche; porque el gobierno netamente sabe que tiene a personas inocentes recluidas en los centros penitenciarios. No solo son hombres jóvenes, sino que son ancianos, son mujeres, son adolescentes”, dice Mirna Urías, una de las fundadoras y voceras del colectivo, en charla con Página/12.

El hijo de Urías, Merlon, fue detenido el 30 de marzo de 2022, cuando el régimen de excepción cumplía tres días de haberse implementado. Merlon trabajaba regando cultivos de caña y había cumplido 18 años. El día de su detención estaba jugando videojuegos con tres amigos más en una casa y a todos se los llevó una patrulla policial. Desde entonces, Urías no volvió a ver a su hijo y su abogado público no le da novedades sobre el proceso.

Cuando ella va a preguntar por su hijo a la cárcel en la que le dicen que está recluido, se limitan a decirle que está allí. Seis meses después de la detención de Merlon, el esposo de Urías fue detenido y ella también desconoce oficialmente su paradero.

En 2024, Bukele reconoció que del total de detenidos que había hasta la fecha, 8 mil eran inocentes. Sin embargo, la falta de acceso a la información pública de su gobierno no permite contrastar si realmente todas estas personas han sido liberadas. Las organizaciones sociales han registrado casos de personas que fueron liberadas por no contar con pruebas que las vinculen a pandillas y que al salir fueron detenidas nuevamente; y hay otros casos donde los jueces emiten órdenes de libertad, pero el sistema penitenciario no las cumple.

La historia de Urías se replica en miles de madres. Hasta el momento, las familias se habían articulado en el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), que realiza acciones continuas para denunciar las detenciones arbitrarias cometidas durante el régimen de excepción y exige al Estado que les de pruebas de que sus parientes detenidos siguen vivos. Debido a que el 95 por ciento de las personas que realizan los trabajos de búsqueda de estos detenidos son mujeres, las madres decidieron también fundar su colectivo, indica Urías.

El pasado 9 de mayo, en vísperas del Día de la Madre en El Salvador, que se celebra el 10 de mayo, las Madres por la Libertad hicieron una ronda a la manzana donde está ubicada la catedral metropolitana, en el Centro Histórico de la capital salvadoreña, San Salvador. Llevaron pañuelos blancos, carteles y fotografías de su familiares detenidos que mostraron frente a las cientos de personas que transitaban la zona y a los policías que mantienen militarizada las calles. Tras la ronda, entraron a la catedral a rezar a la cripta del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado por un grupo de paramilitares vinculados al Ejército el 24 de marzo de 1980.

En medio de la represión, estas madres encaran a la mano dura de Bukele. En los pañuelos, símbolo universalizado por las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, las madres salvadoreñas van tejiendo una flor. “En los pañuelos, cada quien va tejiendo la flor como puede, y significa mucho para nosotras: es el esfuerzo de una madre buscando a sus familiares”, precisa Urías.

Un país sin derechos

Para mantener el régimen de excepción, el Congreso afín a Bukele ha reformado la Constitución y las leyes penales. Una de las últimas modificaciones fue la aprobación de la cadena perpetua para mayores y menores de edad condenados por pertenecer a pandillas. Estas violaciones a los derechos humanos se suman a la prohibición de las personas detenidas a comunicarse con sus familias y con sus abogados; y a las facultades delegadas a los policías para apresar a los salvadoreños basándose en denuncias anónimas o en sospechas de que pertenecen a pandillas, sin ninguna investigación previa.

En el país centroamericano hay 25 cárceles, pero Bukele solo exhibe públicamente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel diseñada para recluir pandilleros y donde el año pasado Donald Trump envió a más de 200 personas mayormente de origen venezolano. Algunas de estas cárceles están destinadas para personas acusadas de pertenecer a pandillas y en ellas organizaciones sociales como el Socorro Jurídico Humanitario reportan la muerte de más de 500 presos desde que comenzó el régimen de excepción.

Por las detenciones masivas, las muertes y las desapariciones forzadas en las prisiones, en marzo pasado un grupo de juristas internacionales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe que compila las denuncias sistemáticas a los derechos humanos en El Salvador, donde concluye que el gobierno de Bukele comete crímenes de lesa humanidad.

El régimen de excepción se implementa en un Estado cooptado por Bukele. En 2019, el mandatario llegó al poder derrotando a los dos partidos tradicionales y, en 2021, su partido ganó la mayoría de diputaciones en el Congreso. Esto le permitió al mandatario destituir al Tribunal Constitucional y al Fiscal General que lo investigaba por presuntos vínculos con pandillas, y en estos cargos instaló a personas simpatizantes del gobierno. La concentración de poder le permitió luego modificar las leyes electorales y reelegirse inmediatamente al terminar su primer mandato, en 2024, violando la Constitución salvadoreña. El año pasado, el Congreso le avaló la reelección indefinida a través de una reforma constitucional.

La búsqueda

Tener a familiares detenidos en El Salvador y desconocer su paradero no solo implica un desgaste emocional, sino que físico y económico. Las mujeres, que son las que en su mayoría realizan las funciones de búsqueda, recorren largas distancias para trasladarse desde sus casas a las cárceles y llevarles mensualmente un paquete con insumos de limpieza y comida no perecedera al familiar que ni siquiera saben con certeza si está recluido allí.

En cada paquete que Urías lleva a su esposo y a su hijo, por ejemplo, gasta 100 dólares. Desde que su esposo quedó detenido, tiene que sobrellevar sola un hogar con dos hijos. Toma trabajos esporádicos, a veces ayuda en obras de construcción, otras trabaja sembrando caña de azúcar.

“Yo cada mes voy a dejar el paquete con la esperanza de que mi hijo esté vivo. Que esté vivo y pueda sobrevivir después de lo que el presidente se da el lujo de barbarie de decir: que tiene a los detenidos solo comiendo una tortilla con frijoles”, cuenta, en charla con Página/12, Josefina Elías, otra madre que busca a su hijo en las cárceles.

René Eduardo fue detenido hace tres años. Tenía una licencia como marino mercante y había comenzado a trabajar como mozo en barcos. Estaba haciendo trámites personales y estudiaba tres cursos relacionados con su carrera porque tenía planeado volver a embarcarse en agosto de ese año. En mayo de 2023, cuando salió de casa a estudiar, le mandó el último mensaje a su mamá. Le dijo que los policías lo habían detenido y que lo acusaban de pertenecer a pandillas. A la fecha, ni su licencia de marino extendida por el Estado salvadoreño, ni sus viajes laborales al exterior han sido suficientes para sacarlo de la cárcel y para que su madre tenga información sobre él.

Tras la detención de su hijo, Elías se unió al MOVIR. Los dos primeros años de la detención, realizó las tareas de búsqueda en paralelo a su trabajo como docente. Este año se jubiló y el tiempo que tiene libre pretende dedicarlo a organizarse. “Yo me voy a entregar más al movimiento, porque hay necesidad de dar a conocer de que nuestros familiares son inocentes, por eso es que nosotras damos la cara por ellos”, dice convencida.