En las últimas horas trascendió que en la sesión ordinaria la sesión ordinaria que se llevará a cabo el próximo jueves en el Concejo Deliberante, los ediles del oficialismo nicoleño (passaglismo) aprobarían el proyecto presentado por la empresa Vercelli Hnos. (EVHSA), en la que plantean una actualización de las tarifas del servicio de transporte público en base a una recomposición polinómica. De concretarse, la tarifa plana mínima aumentaría un 7,8% y pasaría a costar a $1.935 (en lugar de los 1.795 pesos actuales)
La nota se presentó en el último encuentro, realizado el pasado jueves 11 de junio, y girada a la comisión de Obras y Servicios Públicos. En la misma, la empresa solicitaba que «se efectúe un análisis de los ingresos por kilómetro que tiene el sistema de transporte de nuestra ciudad, a los fines de recomponer los mismos adecuándolos a los del resto de las ciudades del interior».
Vercelli va por el boleto a $2.600
Mientras miles de familias hacen malabares para llegar a fin de mes, en el Concejo Deliberante ya ingresó el expediente que podría convertir al colectivo en otro lujo para muchos vecinos.
La empresa Vercelli Hnos. S.A. presentó formalmente un pedido para llevar el boleto plano a $2.659,93. Pero el verdadero dato que encendió las alarmas no es solamente el aumento: la empresa también reclama que los futuros incrementos queden atados a una actualización mensual por inflación.
Traducido al lenguaje de la calle: quieren que el boleto aumente ahora y que siga aumentando todos los meses.
El expediente ya se encuentra en tratamiento y la atención está puesta en el bloque oficialista, que tendrá la responsabilidad política de definir si acompaña o rechaza una medida que impactará directamente en el bolsillo de miles de trabajadores, estudiantes y jubilados.
La empresa justifica el pedido asegurando que el sistema atraviesa una crisis, que los subsidios nacionales desaparecieron, que los costos crecieron y que la cantidad de pasajeros cayó alrededor de un 20%.
Sin embargo, la discusión recién empieza. Porque una cosa es lo que dice la empresa y otra muy distinta es lo que pueden verificar los organismos de control. Hasta el momento, el debate público gira alrededor de números aportados por la propia concesionaria, mientras los vecinos siguen esperando explicaciones sobre la calidad del servicio, las frecuencias, las unidades disponibles y los controles realizados por el Municipio.
El interrogante es inevitable: ¿por qué cada vez que aparecen problemas en el sistema la solución termina siendo que pague más el usuario? La situación genera todavía más preocupación porque el pedido no apunta únicamente a una recomposición tarifaria. La intención es dejar establecido un mecanismo permanente para que el boleto se ajuste automáticamente por inflación, reduciendo la discusión pública cada vez que haya una suba.
Para quienes usan el colectivo todos los días, el impacto es concreto. Cada aumento significa más dinero destinado al transporte y menos recursos para alimentos, medicamentos, educación o servicios básicos.
Por eso la votación que se aproxima no será una discusión técnica más. Será una definición política. Los concejales deberán elegir entre exigir auditorías independientes, transparencia y controles sobre la prestación del servicio, o levantar la mano para habilitar un boleto de casi $2.700 con aumentos automáticos mes tras mes. Y cuando llegue ese momento, los vecinos sabrán exactamente quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra.
