En la última sesión del Concejo Deliberante de San Nicolás, el bloque Alianza La Libertad Avanza advirtió que la clausura de Moviport S.A. no puede analizarse como un hecho aislado y reclamó que se actúe con legalidad, transparencia y respeto por el debido proceso.
En una sesión marcada por el debate sobre la legalidad de los actos administrativos y el respeto a las garantías constitucionales, el bloque Alianza La Libertad Avanza (en la foto Federico Chouhy y Mariana Aseff) presentó
un proyecto de resolución para manifestar su preocupación institucional por la clausura dispuesta por el Municipio sobre la empresa Moviport S.A.
La iniciativa no buscaba revisar el expediente administrativo ni otorgar privilegios a ninguna empresa: proponía que el Honorable Concejo Deliberante reafirmara
principios elementales como la legalidad, la transparencia, la razonabilidad, el debido proceso y el derecho de defensa en toda actuación estatal que afecte actividades
productivas.
La resolución fue presentada por la concejala Mariana Aseff, quien sostuvo que el Concejo no podía permanecer indiferente frente a una medida con importantes
consecuencias laborales, económicas e institucionales. El proyecto advertía que toda clausura administrativa debe encontrarse debidamente fundada, ajustada a derecho y
respetar plenamente las garantías constitucionales, preservando además un adecuado clima institucional para el ejercicio del control de los actos de gobierno.
Luego de la presentación del proyecto, el concejal Federico Chouhy tomó la palabra y sostuvo que la clausura de Moviport no puede analizarse como un hecho aislado ni
como una simple discusión administrativa. Explicó que cuando el Estado paraliza la actividad de una empresa no solo afecta a sus propietarios, sino también a
trabajadores, proveedores, clientes y a la confianza de quienes invierten y generan empleo.
“Detrás de esa clausura hay mucha gente”, expresó Chouhy, al referirse a los trabajadores que hoy desconocen cuál será su futuro laboral, a los clientes que
necesitan cumplir contratos y a una ciudad que observa con preocupación una decisión que impacta directamente sobre la producción y el empleo.
En ese contexto, advir4ó que cuando un empresario, un comerciante o un vecino sienten que cuestionar al poder puede traer consecuencias sobre su actividad privada,
el problema deja de ser individual para transformarse en una preocupación institucional.
Chouhy también explicó que la documentación requerida por el Municipio había sido presentada oportunamente y que incluso volvió a ser entregada dentro del plazo
otorgado. Según manifestó, pese a ello los inspectores regresaron igualmente para ejecutar la clausura, circunstancia que mo4vó el reclamo por el respeto al debido
proceso y al derecho de defensa.
El proyecto fue rechazado por los concejales del bloque Hechos y también por Maciel Deatriz y Lucas Lucero. De ese modo, el Honorable Concejo Deliberante decidió no
acompañar una resolución que únicamente proponía reafirmar principios básicos como la legalidad, el debido proceso, la transparencia y el derecho de defensa frente a
medidas que afectan actividades productivas.
Durante el debate, la presidenta del bloque Hechos, Celeste López, no acompañó la iniciativa y defendió la actuación del Departamento Ejecutivo. En su intervención
sostuvo que la empresa había incumplido con los requerimientos municipales, justificando así la clausura dispuesta por el Municipio.
Desde el bloque Alianza La Libertad Avanza se respondió que ese precisamente era el punto de discusión: la empresa sostiene haber presentado la documentación requerida
dentro de los plazos otorgados y, aun así, haber sido clausurada. Por ello, el proyecto no pretendía resolver el expediente administrativo ni reemplazar a la Jus4cia o a la
administración, sino reafirmar un principio básico del Estado de Derecho: que toda actuación municipal sobre actividades productivas se adopte con estricto apego a la
ley, con fundamentos claros, transparencia, razonabilidad y pleno respeto por el derecho de defensa.
La sesión dejó una definición política clara. Mientras el bloque Alianza La Libertad Avanza propuso que el Concejo Deliberante reafirmara principios básicos del Estado de
Derecho -con apoyo del bloque Fuerza Patria-, la mayoría del cuerpo decidió no acompañar esa iniciativa.
El debate dejó de ser solamente sobre la clausura de una empresa: pasó a ser una discusión sobre los límites del poder, el respeto por la ley y las garantías que deben
proteger a todos los vecinos por igual.