Por Pablo González
Periodismosn.com.ar
FM 88.7 Radio City San Nicolás
Como ya lo informara recientemente este medio, la jueza Dra. Luciana Díaz Bancalari levantó el pasado jueves la medida cautelar que pesaba sobre la empresa Atanor.
De este modo, se autorizó a Atanor a reiniciar su actividad luego del Plan de Gestión Ambiental presentado ante las autoridades ambientales de la provincia de Buenos Aires.
La resolución judicial (que transcribimos más abajo) tiene distintos fundamentos, pero uno de los ejes fundamentales fue sin dudas el informe pericial presentado por el CONICET (organismo nacional consultado para emitir dictamen sobre este tema).
Lo que no se sabía, es que la propia empresa Atanor abonó al CONICET la suma de 400 millones de pesos (333.000 dólares) en concepto de honorarios por el trabajo realizado. Esto no es ilegal, pero semejante monto llamó la atención del abogado ambientalista Dr. Fabián Maggi, representante del Formo Medio Ambiental (FOMEA) que realizó la denuncia por contaminación ambiental, que luego motivara la clausura.
Ya antes de que la jueza levantara la clausura, el Dr. Fabián Maggi había advertido -en declaraciones periodísticas- que el CONICET (organismo que realizó estudios que fueron llevados a Díaz Bancalari para que pudiera definirse sobre la reapertura de la firma) recibió “400 millones de pesos de honorarios” por parte de ATANOR.
El abogado explicó las sensaciones que manejaban desde FOMEA, expresando que “nosotros creemos que el CONICET no está actuando conforme a su ideal, no está actuando conforme la ciencia se lo indica, no está actuando conforme la normativa se lo indica, sino que está impulsada por las pretensiones de ATANOR que las reforzó, muy bien reforzada, con nada más y nada menos que 400 millones de pesos de honorarios”.
El Dr. Maggi explicó además que se trata de un monto absolutamente injustificado, y le pidió a la Jueza que el CONICET explique el origen de semejante monto que percibió por haber realizado el informe pericial. Sin embargo, la Jueza Díaz Bancalari no hizo lugar a tal pedido.
El abogado ambientalista reconoció que está permitido que una de las partes (en este caso Atanor) le pague por las pericias a un organismo público, pero el monto debe estar absolutamente justificado (algo que a su entender no ocurre, ya que el monto sería desproporcionado). Acusó además al Conicet de no estar actuando de manera imparcial, sino de simplemente hacer un relato de lo que empresa viene planteando.
Este medio intentó comunicarse este lunes con el Dr. Fabián Maggi, pero no respondió a la consulta periodística.
La resolución judicial
Recordemos que a través de una resolución emitida en la mañana de este jueves, la jueza Dra. Luciana Díaz Bancalari levantó la cautelar que pesaba sobre la empresa Atanor.
De este modo, se autoriza a Atanor a reiniciar su actividad luego del Plan de Gestión Ambiental presentado ante las autoridades ambientales de la provincia de Buenos Aires.
En el articulado, la jueza señala lo siguiente: “Levantar la medida cautelar dispuesta en fecha 20 de marzo de 2024 y autorizar a la empresa ATANOR SAIC a reiniciar su actividad industrial de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental presentado y aprobado por la Autoridad de control, previo coordinación con las autoridades de aplicación (ADA y Ministerio de Ambiente), bajo apercibimiento de nueva suspensión de actividades, debiendo informar al juzgado el día inicial de efectiva puesta en marcha, que surgirá de la instrumentación con ambos organismos”.
La planta de Atanor en San Nicolás se encuentra paralizada desde el pasado 20 de marzo del corriente año, cuando una explosión en el sector de Atrazina generó graves lesiones en uno de los trabajadores. Ahora se permite su reapertura, pero sin que pueda producir el sector de Atrazina donde se produjo el último accidente ambiental. Además, se convocó a una nueva audiencia para el próximo 11 de noviembre a las 9.30 hs., a la que han sido convocados representantes de la empresa, del municipio, de organismos ambientales, el Conicet y Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
Comunicado de la empresa
Por su parte, la empresa Atanor emitió un comunicado de prensa en el que informó que reanudará su actividad la semana próxima, tras estar paralizada durante más de siete meses, y que serán reincorporados 51 trabajadores.
«Luego de varias audiencias e inspecciones y habiendo considerado informes de autoridades ambientales y expertos, este jueves la jueza Luciana Díaz Bancalari se expidió mediante una sentencia judicial que autoriza la reapertura de la planta de Atanor, a excepción del sector de Atrazina», expresa el comunicado.
«Su decisión se efectuó luego de que el pasado 17 de octubre el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires le otorgue a la empresa el Certificado de Aptitud Ambiental de Proyecto (CAAP). Dicho certificado valida su actividad industrial en la fabricación de herbicidas y productos agropecuarios en la planta mencionada. Para esto, se realizó un proceso de participación ciudadana en el que la comunidad pudo expresar sus opiniones e inquietudes respecto al proyecto de Atanor. Este proceso finalizó con un Informe de Cierre del Proceso Participativo. Por otro lado, la Dirección de Radicación y Evaluación Ambiental de Industrias elaboró un Informe Técnico Final que respalda la viabilidad ambiental del proyecto», sigue.
En base a la evaluación de la documentación presentada por Atanor, la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental consideró que la gestión ambiental es adecuada.
«El objetivo de Atanor es reabrir la planta la próxima semana, pero esto quedará sujeto a las gestiones con los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires. A partir de esta resolución, 51 empleados volverán a sus puestos de trabajo», informaron desde la empresa.
«Es importante remarcar que, a partir del último incidente, Atanor realizó minuciosas mediciones y estudios que comprueban que sus actividades industriales cumplen con todos los estándares que exige la legislación vigente y los órganos de control pertinentes», concluye.
En sus establecimientos industriales de Pilar, San Nicolás y Río Tercero (Córdoba), emplea más de 550 colaboradores y gran cantidad de mano de obra indirecta.