La farmacéutica nicoleña, que se desempeñaba como directora técnica de Laboratorios Ramallo, declaró este jueves ante el juez federal Ernesto Kreplak. Ansaldi seguiría en prisión domiciliaria. Con las indagatorias en su etapa final y a la espera de los resultados definitivos de los peritajes, el juez quedará en condiciones de elevar el caso a juicio oral. Las penas previstas para los acusados oscilan entre 10 y 25 años de prisión.
El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., declaró durante tres horas en la causa que investiga las muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado. También lo hizo la farmacéutica nicoleña Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo, quien se encuentra procesada y detenida bajo el beneficio de prisión domiciliaria.
En tanto, otros involucrados en el expediente, como la gerente de la empresa, Victoria García, y el exresponsable del área de producción de soluciones parentales de pequeño volumen, Eduardo Darchuk, optaron por no declarar.
El principal sospechoso de haber provocado esta tragedia que tiene 114 víctimas fatales potenciales y 49 pacientes con secuelas, Ariel García Furfaro se sometió a una requisitoria del magistrado y volvió a declarar.
Lo hizo este jueves a través de una video llamada desde la cárcel de Marcos Paz donde está detenido y habría reiterado en líneas generales lo expuesto en su declaración anterior, según trascendió en fuentes del caso.
En su primera declaración, aseguró que no tiene responsabilidad en las muertes, que se trata de una operación armada para perjudicarlo en la que menciona varios actores que habría conspirado contra sus empresas y que en el laboratorio HLB Pharma (desde donde partieron los lotes infectados que derivaron en los fallecimientos) no se encargaba de la elaboración de los productos.
Los aportes que se registraron este año en el expediente son claves: inicialmente, los acusados estaban imputados por 20 muertes confirmadas por el Cuerpo Médico Forense. La incorporación de nueva evidencia llevó el número de fallecidos bajo análisis a 114, mientras que otros 49 pacientes, ya externados, presentan secuelas de diversa gravedad. Aún resta completar la auditoría integral de las historias clínicas.
Con las indagatorias en su etapa final y a la espera de los resultados definitivos de los peritajes, el juez quedará en condiciones de elevar el caso a juicio oral. Las penas previstas para los acusados oscilan entre 10 y 25 años de prisión, de acuerdo con la calificación provisoria por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte.