El ajuste fiscal de Javier Milei suele asociarse al recorte del gasto público, la paralización de la obra pública y la licuación de jubilaciones y salarios estatales. Sin embargo, existe otra cara menos visible del programa: el ajuste también recae sobre los ingresos del Estado. Mientras el Gobierno redujo la carga tributaria sobre los sectores de mayores patrimonios y sobre algunos complejos exportadores, aumentó el peso relativo de los impuestos que pagan los consumidores. El resultado es una estructura tributaria más regresiva, donde los sectores populares terminan aportando una proporción cada vez mayor de los recursos fiscales.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) muestra que el cambio más significativo en la composición de la recaudación fue la fuerte pérdida de participación del impuesto sobre los Bienes Personales. Entre enero y mayo de 2023 este tributo explicaba el 7,2 por ciento de los ingresos tributarios nacionales. En igual período de 2026, su incidencia cayó a apenas el 1,5 por ciento. De modo que el Estado dejó de recaudar una porción importante de recursos provenientes de los patrimonios más elevados.

La explicación se encuentra en las modificaciones incorporadas por el Gobierno de Javier Milei a través del Paquete Fiscal de 2024. La reforma elevó significativamente el mínimo no imponible, redujo las alícuotas y creó un régimen especial que permitió adelantar el pago del impuesto por cinco años con condiciones especialmente beneficiosas para los contribuyentes de mayores ingresos. A ello se sumó la garantía de estabilidad fiscal hasta 2038 para quienes adhirieran al esquema.

La menor contribución de los sectores de altos ingresos fue acompañada por reducciones en otros tributos vinculados al comercio exterior. La baja de retenciones a distintos complejos exportadores y la eliminación de derechos sobre algunas actividades (como la minería) redujeron el aporte de estos impuestos a las arcas públicas. Según el IAG, la recaudación asociada al comercio exterior se vio afectada tanto por estas rebajas de alícuotas como por la caída de las importaciones derivada del menor nivel de actividad. Los derechos de exportación acumulan una caída real del 37 por ciento respecto de 2025, mientras que los derechos de importación retroceden 17 por ciento.

En paralelo, creció la importancia del IVA dentro de la estructura tributaria. Este impuesto pasó de representar el 22,8 por ciento de la recaudación total en 2023 al 24,1 por ciento en los primeros cinco meses de 2026. La particularidad del IVA es que grava el consumo y, por lo tanto, recae proporcionalmente más sobre los sectores de menores ingresos, que destinan una porción mayor de sus recursos a gastos cotidianos.

La consecuencia es un esquema tributario cada vez más regresivo. Según datos citados por el IAG en base al International Tax Observatory, el 50 por ciento más pobre de la población destina el 36 por ciento de sus ingresos al pago de impuestos, mientras que el 10 por ciento más rico tributa apenas el 26 por ciento. Argentina exhibe así una de las estructuras impositivas más desiguales de la región, sólo por detrás de Brasil. El propio informe advierte que la reducción de Bienes Personales probablemente profundice esa brecha en los próximos años.

Reducción de impuestos a los patrimonios, achique de recursos para el Estado

La modificación de la estructura tributaria también tiene efectos sobre el volumen de recursos que recauda el Estado. Aunque en mayo la recaudación mostró una mejora interanual real del 1,6 por ciento, se trató de un resultado explicado principalmente por circunstancias excepcionales vinculadas al impuesto a las Ganancias y al incremento de los impuestos sobre los combustibles.

Detrás de ese dato puntual persiste una tendencia más preocupante. El acumulado de enero a mayo se ubica 4,9 por ciento por debajo del registrado en igual período de 2025 en términos reales, configurando uno de los peores desempeños de los últimos quince años. El IVA vinculado al mercado interno continúa cayendo como reflejo de la debilidad del consumo, mientras que también retroceden los tributos asociados a la actividad económica y a la seguridad social, afectados por el deterioro del empleo registrado.

La estrategia fiscal del Gobierno combina dos fenómenos simultáneos: una reducción deliberada de impuestos que gravan la riqueza y determinados sectores exportadores, y una economía que recauda cada vez menos producto de la caída de la actividad. Detrás del discurso oficial sobre la austeridad fiscal emerge una redistribución silenciosa de la carga tributaria: los ricos pagan menos, los consumidores pagan más y el Estado recauda menos.