El escenario económico global del siglo XXI ha consolidado una tendencia tan alarmante como persistente: el crecimiento de la riqueza no se traduce en bienestar colectivo, sino en una concentración extrema en la cúspide de la pirámide. Esta dinámica se agudiza en América Latina, donde la desigualdad estructural convive con una bajísima carga tributaria sobre los sectores más acaudalados. A tal punto llega esta distorsión que nuevas evidencias confirman que los hogares de mayor patrimonio pagan tasas efectivas inferiores a las del resto de la población. Un síntoma de que los sistemas tributarios están diseñados para blindar a los ultrarricos, mientras asfixian el consumo y el trabajo.

El Impuesto Mínimo Efectivo sobre la Riqueza (IMER), también conocido como “tasa Zucman” en reconocimiento a su autor, es una propuesta para que los súper ricos del mundo —aquellos con fortunas superiores a los 100 millones de dólares— paguen un “piso” obligatorio de impuestos, usualmente propuesto en un 2 por ciento sobre su riqueza neta. Si la suma de los impuestos personales ya pagados por el contribuyente no alcanza ese umbral, se debe abonar la diferencia. Esta iniciativa ha ganado protagonismo en la agenda de justicia distributiva internacional y fue el tema central de un debate reciente entre expertos en la Facultad de Económicas de la UBA donde se presentó el último informe del International Tax Observatory.

Un mundo de milmillonarios

La desigualdad de patrimonio hoy se define por una concentración obscena. En América Latina, la riqueza de los milmillonarios se multiplicó por seis entre los años 2000 y 2026, escalando de 117.000 millones a casi 700.000 millones de dólares. En contraste, la riqueza del 50 por ciento más pobre de la región ha permanecido prácticamente estancada durante el mismo período. De continuar esta trayectoria, se estima que la riqueza de este selecto grupo podría alcanzar los 2 billones de dólares para el año 2040, de acuerdo a los datos del mencionado informe.

Esta dinámica no es casual, es el resultado de sistemas tributarios regresivos. En la región, el 50 por ciento más pobre destina, en promedio, cerca del 30 por ciento de sus ingresos al pago de impuestos (principalmente al consumo), mientras que el 1% más rico paga apenas el 22 por ciento. En casos extremos, como en Brasil, la tasa efectiva para los contribuyentes en la cima de la distribución llega a ser de apenas el 0,001 por ciento de su patrimonio neto. Se denomina tasa efectiva al monto que el contribuyente termina pagando al Estado sobre su ingreso total bruto.

Argentina: entre la concentración y el “Super RIGI”

En Argentina, la discusión sobre la inequidad adquiere una urgencia política central bajo un modelo que prioriza un ajuste fiscal estricto, en un contexto de caída en los puestos de trabajo y una fuerte compresión de los salarios reales. El Gobierno de Milei profundizó un esquema de incentivos que alimenta la brecha distributiva. Proyectos como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y su reciente expansión, el denominado “Super RIGI”, otorgan beneficios extraordinarios: reducción de la alícuota de Ganancias (del 35 al 25 o incluso al 15 por ciento en la versión ampliada), estabilidad tributaria por 30 años y topes a la presión fiscal local.

Si bien estos regímenes buscan atraer capitales, especialistas advierten que consolidan una tremenda concentración de la riqueza al eximir de contribuciones clave a sectores con altísima rentabilidad, limitando la capacidad del Estado para financiar servicios básicos y seguridad social. Mientras el capital concentrado goza de blindaje fiscal, el resto de la sociedad soporta el peso de un sistema tributario regresivo. Otro ejemplo en esta dirección es la Reforma Laboral, que beneficia con exenciones tributarias a las empresas poniendo en riesgo la financiación del Sistema de Seguridad Social.

El IMER, un estándar correctivo

Ante la ineficacia de las reformas tradicionales para gravar a los ultrarricos, surge una propuesta disruptiva desde el International Tax Observatory: el Impuesto Mínimo Efectivo sobre la Riqueza (IMER). Este instrumento no es un impuesto patrimonial tradicional que se superponga a otros, sino un “estándar mínimo” que opera como complemento correctivo.

El diseño del IMER es tan simple como potente: establece un umbral de contribución anual (por ejemplo, del 2 por ciento) sobre el stock patrimonial de individuos con un patrimonio neto superior a 100 millones de dólares. Si el total de impuestos personales ya pagados por el contribuyente (sobre el patrimonio, ganancias de capital o herencias) es inferior a ese 2 por ciento de su riqueza, el IMER cobra la diferencia como un tope o recargo.

A diferencia del Impuesto a las Ganancias, que puede minimizarse mediante maniobras de planificación tributaria y diferimiento de ganancias, el patrimonio o riqueza es mucho más difícil de ocultar. El IMER garantiza que, independientemente de cuánto ingreso gravable declare un multimillonario, su contribución anual tenga un piso real vinculado a su verdadera capacidad de pago.

Para evitar la fuga de capitales —el argumento recurrente contra estos tributos—, el IMER incorpora mecanismos modernos de transparencia, como el Estándar Común de Reporte y registros de beneficiarios finales. Además, propone medidas de “residencia ampliada”, donde un contribuyente sigue sujeto al impuesto por un período de 5 a 10 años tras mudarse, y la aplicación de impuestos de salida para quienes renuncian a la ciudadanía.

El potencial recaudatorio

Las simulaciones para América Latina son contundentes. Un IMER del 2 por ciento sobre patrimonios superiores a 100 millones de dólares podría recaudar 24.000 millones de dólares anuales (0,6 por ciento del PBI regional). Si la tasa se elevara al 3 por ciento, la recaudación treparía a los 36.000 millones de dólares, según advierte el documento del International Tax Observatory.

En el caso específico de Brasil o Chile, la implementación del IMER haría que la tasa efectiva de quienes hoy pagan casi nada suba de inmediato, resguardando la progresividad en la cima. Para Argentina, un instrumento de este tipo representaría no solo un ingreso fiscal vital en tiempos de ajuste, sino un acto de justicia frente a regímenes como el RIGI o la reforma laboral que desequilibran la balanza.

En definitiva, el IMER no busca reemplazar la agenda tributaria existente, sino asegurar que los más poderosos contribuyan al menos tanto como el resto de la población. Solo mediante la corrección de estas fallas estructurales en la cúspide, América Latina podrá transformar su escenario fiscal y financiar un desarrollo que incluya a la mayoría de la población.