Venezuela atraviesa una etapa de reconfiguraciones políticas, diplomáticas e institucionales, marcada además por el impacto de los terremotos que sacudieron al centro-norte del país a finales de junio. En un escenario atravesado por la necesidad de atender la emergencia humanitaria y avanzar en la reconstrucción, el gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsa una agenda que combina llamados al diálogo con sectores de la oposición, la búsqueda del levantamiento de las sanciones económicas y la normalización de las relaciones con Estados Unidos.

Trabajo conjunto

Según los últimos balances oficiales, el doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter del 24 de junio ocasionó más de 5.100 muertes en el país y más de 16.000 heridos, mientras que 6.462 personas han sido rescatadas entre los escombros. Además, casi 18.000 ciudadanos se quedaron sin vivienda. En este marco, el gobierno y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015, informaron que iniciarán una hoja de ruta conjunta el próximo 1 de agosto para promover la democracia en el país.

El grupo de exdiputados está liderado por Dinorah Figuera, quien visitó brevemente Venezuela en junio, luego de ocho años, apenas unos días antes del doble sismo, tras atender una invitación hecha por el Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar el diálogo en el país caribeño. Allí se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, y también con dirigentes opositores. La opositora regresó de nuevo a España, donde vive actualmente, pero planea volver a Venezuela para dar continuidad a las conversaciones.

Rebeca Monsalve, escritora e investigadora formada en Comunicación Social en la Universidad Bolivariana de Venezuela, explicó a Página/12 que la convocatoria al diálogo debe entenderse en el contexto de reconstrucción tras los terremotos, priorizando el interés nacional sobre diferencias políticas. “El estado de La Guaira y, en cierta parte, Gran Caracas están enfrentando una etapa de reconstrucción y de atención a las víctimas: a las personas que quedaron sin vivienda, que perdieron a sus familiares, que siguen siendo atendidas en los hospitales, que están en los refugios, así como de recuperación de la infraestructura. Y esto exige que los distintos sectores pongan por delante el interés nacional”, indicó.

La analista destacó que hay algunos sectores de la oposición que han valorado de manera positiva la iniciativa y la entienden como una oportunidad para avanzar en el consenso. “Al mismo tiempo, este proceso también servirá para identificar nuevamente quiénes están dispuestos a participar en una agenda de reconstrucción y entendimiento, y quiénes prefieren mantener una lógica de confrontación, que son, básicamente, los sectores más extremistas de la oposición, que han llamado siempre a que se mantengan las sanciones contra el país y los que desconocen las instituciones en los momentos electorales», aclaró. “Son esos los grupos que terminan saboteando los espacios de diálogo. Esta va a ser una nueva oportunidad para que, si de la boca para afuera dicen que lo que les interesa es la recuperación nacional, el país, los intereses de la población, ahí tienen este espacio para demostrarlo”, añadió.

El partido opositor Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, expresó el jueves su apoyo a la agenda de diálogo. En tanto, la líder opositora María Corina Machado mantuvo reuniones con su espacio político, aunque no expresó públicamente de inmediato si respaldaba o rechazaba la iniciativa de trabajo conjunto que iniciará en agosto.

La relación con Washington

Por su parte, Estados Unidos aplaudió el jueves la apertura de una vía de diálogo entre el gobierno venezolano y el grupo de exdiputados opositores, al considerar que representa un paso crucial en el proceso de reconciliación política y en la recuperación del país tras el horror causado por los recientes sismos. “Los devastadores terremotos han puesto en relieve la urgencia de contar con unidad, un liderazgo responsable e instituciones capaces de servir al pueblo venezolano”, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó en un comunicado.

Para Monsalve, es importante distinguir entre el discurso mediático de Estados Unidos que afirma que Venezuela es el “estado 51” y la realidad práctica, en la que afirma que, desde el inicio del gobierno de Maduro, el país ha buscado el levantamiento de sanciones. “Cuando se habla del fin de las sanciones, no estamos hablando de las licencias temporales, que es lo que piensa el gobierno de Estados Unidos como si fuese la solución, sino que estamos hablando de eliminar un mecanismo de presión que tiene efectos sobre toda una economía nacional, sobre la vida cotidiana de las personas de un país, en este caso, de Venezuela», explicó.

La analista precisó que el levantamiento de las sanciones es una preocupación que comparten sectores que no son adeptos al gobierno, como los sectores empresariales. “En la gran mayoría de la sociedad hay un consenso de los efectos económicos de las sanciones y, más allá de si apoyan o no al gobierno, saben que tiene que haber un levantamiento de ellas y reconocen el impacto que han tenido estas medidas”, remarcó.

En ese marco, Monsalve recordó que la presidenta encargada Delcy Rodríguez, dijo en una entrevista reciente al periodista español Javier Negre que el principal objetivo del gobierno es preservar la paz y avanzar hacia la unidad nacional. Según sus declaraciones, el gobierno busca promover el levantamiento de las sanciones mediante el diálogo, especialmente con Estados Unidos, para “destrabar los nudos” que han llevado al país a la situación de bloqueo, asedio económico y conflictividad política, así como atender los problemas internos derivados de ese contexto.

Las fuerzas de Estados Unidos detuvieron el 3 de enero al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante un operativo en Caracas y lo trasladaron a Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial, acusado por cargos de narcoterrorismo, entre otros delitos. Desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada de Venezuela. En marzo, Washington y Caracas acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares, tras siete años de ruptura.