Las fuerzas de seguridad de Bolivia informaron este martes que más de un centenar de personas fueron detenidas en el marco de las protestas y huelgas que llegaron el lunes a La Paz y con las que miles de personas expresan su rechazo al gobierno de presidente, Rodrigo Paz, y la falta de políticas que ayuden a paliar la crisis económica. La policía desplegó más de 2.500 efectivos en La Paz y El Alto tras los últimos disturbios. El gobierno anticipó acciones judiciales contra manifestantes y dirigentes vinculados a los destrozos, en una serie de acciones que parecen más destinadas a meter miedo a los manifestantes que a buscar un diálogo entre las partes.

Emilio Rodas, analista y ex viceministro de Autonomías de Bolivia, señaló en diálogo con Página/12: “Puede que la apuesta sea aumentar el nivel de presión por parte de los organismos represivos, pero históricamente, a medida que la represión ha aumentado, las movilizaciones más bien se han agudizado generando una crisis política terrible”. El problema principal, según Rodas, es que “no hay con quién dialogar” porque “se está persiguiendo a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) para meterlos presos, se está metiendo presos a los dirigentes del movimiento campesino y no se reconoce que esos actores son los que tienen que viabilizar una solución y desmovilizar la protesta”.

Por su parte Gabriel Villalba Pérez, analista y abogado de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, dijo a este diario que Bolivia vive un “sicariato gubernamental”. “El gobierno ha ofrecido Bs. 3000 (unos 600 mil pesos argentinos) como recompensa a los efectivos policiales que participan en la represión de los sectores movilizados. Antes de los conflictos las bancadas de derechas propusieron una ‘ley anti bloqueos’ para brindar un paraguas jurídico a todo acto de represión gubernamental. El gobierno ha optado por el camino de la represión en lugar de buscar soluciones viables a los conflictos. Ha satanizado y estigmatizado a todos los sectores movilizados”, detalló Villalba Pérez.

“No hay un punto de encuentro”

El comandante nacional de la Policía, Mirko Sokol, indicó que son “más de 127 personas, entre aprehendidos y arrestados” en las protestas del lunes, de los que algunos cumplirán detención preventiva y otros aguardan para declarar ante los jueces cautelares. Sokol mencionó que en los últimos días de conflicto 11 policías resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.

El funcionario policial no se refirió a las cuatro muertes provocadas durante los bloqueos y protestas, una cifra que fue reconocida el lunes por el gobierno. Sokol informó en cambio que buscan a Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), y a otros dirigentes, sobre quienes pesa una orden de detención emitida por la Fiscalía por presunta comisión de delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo.

“Si la intención del gobierno para desmovilizar es generar miedo en la población, no le está dando resultados”, explicó Rodas. El analista advirtió que respecto a la voluntad de diálogo del gobierno, se deben plantear algunas distinciones: ”Hay una parte del gobierno que intenta, por lo menos, suavizar el lenguaje, como lo hace José Luis Lupo (ministro de la Presidencia). Pero la mayor parte del gobierno está convencido de que no hay un punto de encuentro y que la apuesta tiene que ser la represión“.

En las protestas del lunes se registraron destrozos en edificios públicos y privados. La policía reprimió con gases lacrimógenos para impedir el avance hacia la plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo. Además de las protestas en La Paz, los sindicatos campesinos mantienen bloqueos en las rutas desde hace 15 días en el departamento de La Paz, donde empezaron a escasear algunos alimentos, combustible y oxígeno medicinal.

Una cadena de reclamos

Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles y su inflación interanual fue de 14 por ciento en abril. Poco después de asumir el poder en noviembre, Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda, eliminó esos subsidios, lo que aumentó los precios de la gasolina y el diesel.

“Se han afectado miles y miles de personas. El transporte público aquí es prestado por personas, por sindicatos, por cooperativas, por asociaciones, y estas han visto cómo sus unidades de trabajo quedaban inutilizadas con el combustible”, expresó Rodas, quien agregó que “también generó mucho descontento la puesta en vigencia de una ley que tiene que ver con un cambio de estatus de la pequeña propiedad a propiedad mediana, promovida por los grandes monopolios de la tierra”.

El otro gran conflicto que abrió el gobierno fue con el magisterio, tanto urbano como rural, que exige fundamentalmente mejoras salariales y mayor presupuesto para educación. Finalmente Rodas menciona el conflicto con el sector minero cooperativizado, que logró alcanzar un acuerdo: “Estas cooperativas demandaban un trato preferencial en cuanto a aportes para la seguridad social, en entrega de combustible y en la no fiscalización de las operaciones mineras. Estas han sido concedidas por el gobierno y la gente ha entendido que esto es un tema de prebendas, que se está ‘clientelizando’ al sector para generar acuerdos”.

Frente al malestar puertas adentro, algunas voces de respaldo al presidente llegaron desde el exterior. El vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, aseguró este martes que las protestas en contra de Rodrigo Paz muestran que hay “un golpe de Estado en marcha” en Bolivia. En la misma línea ocho gobiernos latinoamericanos de derecha, entre ellos Argentina, Chile y Ecuador, emitieron un comunicado conjunto rechazando “cualquier acción que atente contra el orden democrático”.

“Una sublevación del pueblo”

Este martes, en diálogo con radio Futurock, el expresidente Evo Morales se refirió a los dos aviones Hércules enviados a Bolivia por Argentina para trasladar alimentos hacia ciudades afectadas por los cortes de ruta y aseguró que, en realidad, llevaban “gases lacrimógenos y balines”. “Los están usando para trasladar militares y policías a La Paz”, acusó el exmandatario, quien expresó su rechazó a que “Argentina mediante su presidente ayude a reprimir al pueblo boliviano”.

En otra entrevista con Radio 750, Morales describió las protestas en su país como “una sublevación del pueblo” contra el plan de reformas del presidente e instó a “defender la Constitución, los recursos naturales y los servicios básicos”. El pasado 9 de mayo, Paz anunció la creación de una comisión para hacer una “reforma parcial” de la Constitución que rige en el país desde 2009 con el fin de facilitar la llegada de inversiones privadas a la economía boliviana, que actualmente está en crisis.

“Los sectores que están movilizados están concentrando su posicionamiento en la renuncia de Rodrigo Paz. Y esto deja el conflicto de un callejón sin salida, porque eso no es negociable para el gobierno. Y los sectores populares tampoco han planteado una agenda alternativa de negociación, es decir, lograr acuerdos a corto plazo”, expresó Rodas a este medio y agregó: “El gobierno tendría que hacer un uso indiscriminado de la fuerza represiva, pero no tiene en este momento las condiciones de legitimidad política para hacerlo. Ya se intentó el fin de semana hacer un uso poderoso de fuerza para despejar las rutas del país y levantar el sitio a La Paz, pero las movilizaciones se agudizaron”.

Para Villalba Pérez, el escenario actual se asemeja a los últimos días del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003. “Un sujeto colectivo en las calles movilizado con una sola consigna: la renuncia de Paz. Y un gobierno que no encuentra otro rumbo más que sólo la represión. A mayor incremento de la acción de los aparatos represivos, mayor reacción de los sectores movilizados en formas violentas, formas no violentas, formas críticas, formas académicas, formas mediáticas. Ya es unísono el rechazo y repudio al gobierno de Paz”, planteó el analista.