El 19 de marzo de 1998, Cristian Quiroz volvió del jardín de infantes junto a su mamá. Caminaba rumbo a la casa de su abuela cuando cayó en un pozo de agua de 18 metros de profundidad que alguien olvidó tapar. Se organizó un rescate desesperado, pero su cuerpo recién pudo ser recuperado 33 horas después. El nene, de apenas 5 años, ya estaba muerto. Tres hombres fueron condenados por homicidio culposo, pero nadie fue preso.
Cristian tenía cinco años y era el hermano del medio de la familia Quiroz. Los padres y sus tres hijos pequeños vivían en una vivienda del barrio Fraga, en la zona norte de San Nicolás. En la mañana del 19 de marzo de 1998, su papá se fue a la fábrica de ladrillos donde trabajaba y él se dirigió junto a su mamá al jardín de infantes del barrio La Loma. Eran sus primeros días de clases. En ese momento nada hacía presumir la terrible tragedia que ocurriría ese mediodía, apenas unas horas después, al regreso de la escuela.
Cristian iba a almorzar a la casa de su abuela con su tía, su hermanita y su mamá cuando, saltando y jugando en el camino, se adelantó apenas unos metros. No vio la trampa que lo esperaba. La tapa precaria que cedió bajo sus pasos estaba cubierta por la maleza. Era una chapa cuadrada de alrededor de 40 centímetros que cubría la boca de un pozo cónico de 18 metros de profundidad. El nene pisó el borde de la tapa y cayó ante la impotente mirada de su mamá, su hermana y su tía.
Ellas fueron testigos de un accidente inverosímil. Rápidamente dieron alerta, sin dilación; paraban a todos los que por ahí pasaban. “Durante la primera media hora se escuchaba a Cristian a los gritos pidiendo ayuda”, recordaron.
Los primeros en llegar en auxilio fueron los trabajadores de la compañía metalúrgica Leval, ubicada a pocos metros, que tenía su zona de acceso vehicular exactamente frente al terreno baldío, en Avenida Mariano Moreno y la calle Dámaso Valdés.
La noticia del niño atrapado en el pozo corrió rápidamente. Cientos de personas colaboraron en el intento de rescate de Cristian Quiroz. A lo largo de las 33 horas que duró la espera, hubo más de 300 personas voluntarias, entre bomberos, policías, médicos y paramédicos, operarios de empresas privadas e integrantes de Defensa Civil. En ese grupo estaba “Papelito”, conocido vendedor ambulante de la ciudad que fue el primer voluntario en intentar el rescate. Descendió cabeza abajo los metros que pudo, pero no tuvo éxito. Repitió el intento; tampoco lo logró. Luego se sumó, sin éxito, el remisero Maximiliano González y, más tarde, Sebastián Arata (hijo del doctor Carlos Arata) bajó con auriculares y micrófonos. No lograron llegar hasta donde estaba el nene.
Tras varios intentos fallidos y mientras cavaban un pozo paralelo, un experto en perforaciones de San Lorenzo se sumó a la labor; junto a su sobrino, aceleró el proceso. Excavaron hasta que lo encontraron, hicieron un túnel entre los dos pozos hasta que llegaron a donde estaba el niño.
En la superficie esperaban médicos, una ambulancia y un helicóptero. Eran las 21:45 del viernes 20 de marzo de 1998. La autopsia reveló después que Cristian Quiroz había muerto varias horas antes.
Los procesados
“Ese pozo debía estar tapado. Se pagó por algo que no se hizo”. Seis hombres fueron imputados: empresarios y funcionarios, todos relacionados con la construcción de redes de pozos para extracción de agua. El abogado de la familia, en una nota publicada por Página 12 en 1999, había expresado que, además del delito de homicidio culposo, esperaban que los imputados fueran acusados por violación de los deberes de funcionarios públicos.
Finalmente, con el avance de la investigación, el juez Héctor Lezcano, que ya había recaratulado la causa de accidente a homicidio culposo, tres meses después del hecho, decidió cambiarla a homicidio simple. Ordenó el procesamiento y la detención de dos altos funcionarios o exfuncionarios de la intendencia; dos inspectores municipales; el vicepresidente de la empresa contratista Topsa y el titular de la firma Vecchi, señalada como la que realizó el pozo.
Las órdenes de detención llevaban los nombres de Oscar Garetto, ex-secretario de Obras Públicas de San Nicolás; Horacio Clérici, subsecretario del área; los inspectores municipales Juan José Gómez y Claudio Actis, que debieron intervenir directamente en la supervisión de la obra; el ingeniero Miguel Ángel Pampaloni, vicepresidente y representante técnico de la empresa Topsa, y Jorge Vecchi, titular de la firma del mismo nombre. Las órdenes de detención no tuvieron cumplimiento efectivo, ya que ese mismo día algunos procesados presentaron un recurso de habeas corpus.
El juez Lescano entendió que los imputados actuaron con dolo cuando “solo atinaron a tapar con una chapa el primitivo pozo piloto y no lo rellenaron con tierra, cemento y canto rodado como correspondía”.
“El pozo fue abierto por la firma Vecchi, por encargo de la empresa Topsa, adjudicataria de las obras de provisión de agua”, declaró en ese momento el diputado justicialista Eduardo Di Rocco, quien era intendente cuando se realizó la perforación. En aquella oportunidad fueron abiertos alrededor de 34 pozos en el marco de un programa financiado por el BID que no fue cumplido.
En 2001, tres años después de la tragedia, el juez de transición Edgar Rodríguez condenó solo a dos años y diez meses de prisión por homicidio culposo a Miguel Ángel Pampalone, titular de Topsa S.A. La Justicia entendió que “tenía facultades decisorias como representante técnico de la empresa, para ordenar el cegado” y agregó que “el motivo evidente del abandono del pozo fue para evitar los gastos que ello le demandaba”.
Los otros dos condenados fueron el ingeniero y funcionario del municipio Juan José Gómez por poseer “poder excluyente de decisión sobre la obra como para exigir en nombre de la comuna a la contratista el relleno del pozo en cuestión”; y el inspector municipal Claudio Actis. Ninguno cumplió penas en la cárcel.
La Municipalidad había pagado por un pozo piloto y de exploración. Esa excavación, ubicada a dos metros de la calle, no fue fructífera. La compañía debió emprender otra y clausurar la primera. No lo cegó, no lo tapó, no lo inhabilitó. Solo le puso una tapa cuadrada de 40 centímetros por lado que no alcanzaba a cubrir la superficie del pozo que mató a Cristian el 19 de marzo de 1998.